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El sindicato Comisiones Obreras, a través de su sección sindical de la Diputación Provincial denuncia que, los pliegos de licitación de la externalización de la gestión de las residencias de mayores, incluyen cláusulas que suponen una verdadera privatización del servicio, y no una mera externalización, como pretende hacer ver a los ciudadanos y ciudadanas el presidente Antonio Pardo, ya que la empresa adjudicataria dispondrá de un determinado número de plazas, para las que no habrá ayuda de la propia Diputación.
De esta manera, aquellas personas que no puedan soportar un gasto de 1829 euros al mes más IVA no podrán acceder a este servicio. Esa es la ayuda a los más desfavorecidos que quiere vender a los ciudadanos. Un claro engaño, una mentira más en esta pésima idea de externalizar.
CC.OO afirma que, debido a la privatización que plantea el PP de la Diputación, las personas que dispongan de menos recursos que las de otras provincias, se quedarán sin plaza en beneficio de éstas, negando así la valoración de Pardo de que Diputación quiere ayudar a los sorianos con dificultades.
Los trabajadores de las residencias, continúa la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones, nos sentimos heridos por las declaraciones del presidente Pardo, cuando afirma que todo el mundo habla de los trabajadores y nadie de los residentes. Nosotros nos preocupamos 24 horas al día y 365 días al año de nuestros residentes. Somos quienes mejor conocemos sus necesidades y sus preocupaciones, quienes les atendemos, les asistimos y les cuidamos, y por ello somos los más indicados para criticar la privatización, a sabiendas de que se van a poner trabas al acceso de los más desfavorecidos económicamente, personas en la mayoría de los casos más desfavorecidos a otros niveles, pues los discapacitados psíquicos y enfermos mentales suelen contar con pensiones por debajo de las de las personas mayores, que han tenido la posibilidad de haber trabajado y cotizado a lo largo de su vida.
Comisiones Obreras insiste en que la externalización va a mermar la calidad asistencial. Esta afirmación la argumenta en que el estudio sobre calidad asistencial realizado por la Fundación CIEN a finales de 2011, concluyó que los usuarios calificaban con mejor nota a las residencias públicas.