En su asamblea, los registradores aprobaron que, en el caso de que el Gobierno mantuviera su intención de entregarles la gestión de los Registros Civiles, deberían recibir financiación suficiente vinculada a la prestación de los registros civiles. En Soria, el acto de repulsa ha convocado a cerca de treinta personas.
Según explicaron desde CC OO, esta decisión de los registradores pone de manifiesto “la tremenda soledad de Gallardón y del Gobierno, también en este asunto, que no cuenta con ningún apoyo social para poner en marcha este nuevo ataque a la ciudadanía en la línea de eliminar los servicios públicos universales y gratuitos”.
El coordinador regional de Justicia de CC OO, Javier Sanz de la Cal, manifestó durante la concentración este viernes 26 de abril, que en la provincia se perderían 24 puestos de trabajo de carácter público, y además, la medida conllevará un desembolso económico por los servicios que hasta ahora tienen carácter gratuito. Algo que “no se ha explicado”, dijo, poniendo como ejemplo que en procedimientos administrativos cuya primera fase no tiene cargas, será necesario abonar los gastos devengados por un procurador o abogado, además de las tasas que antes eran inexistentes.
Así, desde el sindicato apuntaron distintas razones en su negativa a tal propuesta gubernamental, ya que ello “tendría consecuencias gravísimas para la ciudadanía”, lo que supondría, en la opinión del sindicato que los usuarios deberán pagar por este servicio público universal “doblemente a través de sus impuestos y directamente”, indicaron. Un pago que se haría por certificados, expedientes, por el ejercicio de los derechos fundamentales (matrimonio, nacionalidad, derecho al nombre como parte del derecho a la personalidad) y, en muchos casos, se efectuaría dos veces: al notario y al registrador de turno. Y se pagará por el acceso a los propios datos personales o los de la familia.
También detallaron su oposición a la entrega de la gestión privada de decenas de datos íntimos de millones de personas, vulnerando su derecho a la privacidad. A lo que también calcularon la supresión de más de 3.500 puestos de trabajo de la Administración de Justicia, personal “que ha venido desempeñando con la máxima profesionalidad, especialización y dedicación las tareas del registro civil, y solo la actitud cicatera de los máximos responsables del Ministerio de Justicia, que no ha invertido durante años en medios ni materiales ni personales, ha producido deficiencias en el mismo”.
Por último, avisaron que CC OO, junto a la plataforma sindical unitaria, mantendrá las medidas de presión y la movilización “hasta que Gallardón anuncie que retira el anteproyecto de privatización de los registros civiles”. De hecho, este mismo viernes 26 de abril se sumaron a la convocatoria nacional de movilización apoyando la concentración frente al Registro Civil de Soria.