Los políticos y los medios de comunicación nos bombardean diariamente con “la deuda” y sus recortes para solucionarla.
Actualmente, la deuda española está repartida de la siguiente manera: Administración Central, 559.459 millones de euros (m.e.), (52,1 % del PIB-Producto Interior Bruto), Autonomías, 140.083 m. e. (13,1 %) y Ayuntamientos 35.420 m. e.(8,3 %), lo que da un total de Deuda Pública de 734.962 m. e. (68,5 % del PIB).
La Unión Europea nos exige que no sobrepasemos el 60 %, con lo que nuestra deuda no podría sobrepasar los 634.762 millones de euros. ¿Hay otra solución que no sean los recortes salariales y sociales que nos empiezan a caer como lluvia de meteoritos?.
Según datos de Eurostat (oficina europea de estadística), al final del año 2011 la deuda del conjunto de la Unión Europea era del 82,2% del PIB. Francia 85,2%; Alemania 81,8%; Italia 119,6%; Reino Unido 87%. En esa fecha, la deuda española, aun habiendo crecido durante la crisis, estaba en torno al 66%.
Según técnicos de Hacienda, el fraude fiscal en España, está en torno al 72% en las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas, un porcentaje tres veces superior al corresponde a pymes, con 1.379.961 sociedades que representan, junto a los autónomos, el 97% del tejido empresarial, donde se genera el 17 % del fraude.
Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude.
Se estima que en España el fraude está en torno al 23 % del PIB, mientras que en la UE se sitúa alrededor del 13%, lo que supone una merma de recursos públicos de 70.000 millones de euros anuales, de los cuales, más del 60% corresponde a grandes corporaciones y grandes fortunas.
Durante los últimos años, los ingresos por impuestos “sobre el capital” han bajado significativamente.
Comparando las ventas del 2011 con las de 2010, las empresas del Ibex 35 crecieron un 14,42%, unos 66.000 millones de euros. Sin embargo, sus beneficios “cayeron” un 33,99%. La diferencia es de 48,41 %.
Otro tema a considerar son las SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable). Únicamente se necesita un capital mínimo de 2.404.000 euros. Con ellas, no necesitan tener su dinero en un paraíso fiscal, lo tienen aquí en España, y sólo tributan el 1%. Todo legalmente, sin tener que llevarse el dinero fuera de España y pudiendo retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase y sin que su actividad pueda ser fiscalizada por el Ministerio de Hacienda. Únicamente controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Una gran parte de las élites financieras y de las grandes fortunas españolas tienen su dinero invertido en SICAV de manera legal, consecuentemente no se incluyen dentro del fraude fiscal, mientras el resto de los ciudadanos ve cómo le suben sus impuestos.
La falta de créditos por parte de los bancos estrangula por doquier, mientras el Banco Central Europeo (BCE) les da dinero barato que ellos invirtiendo en títulos públicos, a los que sacan una rentabilidad muy superior. Por ejemplo, a principios de enero de 2012, la gran banca española, que había recibido del BCE crédito al 1%, adquirió 10.000 millones de deuda española por los que recibirá unos intereses que oscilan entre el 3,3% y el 3,7%. Ganancias que destinan a tapar agujeros contables propios y no a abrir el grifo crediticio a la economía real. Aparte del dinero que el Gobierno Español les inyectó.
El origen del déficit en España no está en el exceso de gasto, sino en los escasos ingresos públicos. En 2010 los ingresos públicos en España ascendieron a 36,3% del PIB frente al 44,1% de la UE-27, una diferencia de 7,8 puntos, equivalente a 78.000 millones de euros. En Francia los ingresos ascendieron al 49,5%; en Alemania al 43,6%; en Reino Unido al 40,3%; en Italia al 45,8%.
Si nuestro volumen porcentual de ingresos sobre el PIB hubiera sido como el de Francia, entonces hubiéramos tenido un superávit de 3,9 puntos. Alrededor de 39.000 millones de euros.
El saneamiento económico que necesita este país debería basarse en impulsar la reforma fiscal, reformando el impuesto de sociedades y el de patrimonio y reforzando la lucha contra el fraude fiscal, con más inspectores, más medios y mejores normas. No fijando la prioridad en recortar políticas sociales y salariales con la reforma laboral. La prioridad es que los ricos, las grandes empresas y los grandes capitales, paguen sus impuestos con un esfuerzo proporcional al que hacen la inmensa mayoría de los contribuyentes.
Que digan “toda” la verdad. El Consejo Europeo en Bruselas, celebrado los días 1 y 2 de marzo, en el punto 9 de las conclusiones, dice textualmente a los Estados miembros que revisen sus sistemas impositivos con el fin de hacerlos más eficaces y eficientes, suprimiendo las exenciones injustificadas, ampliando la base tributaria, aliviando la presión fiscal sobre el trabajo, mejorando la eficacia en la recaudación de impuestos y atajando la evasión fiscal.
Sin olvidar el dinero sustraído y no devuelto por la corrupción, comisiones de dudosa legalidad, subcontratas que solo sirven para el reparto del dinero entre los intermediarios, creación de organismos carentes de interés o cometidos, creación de cargos para pagar favores o promocionar a amigos o familiares, acaparamiento de sueldos por parte de una élite, megaproyectos de dudosa rentabilidad, eventos ruinosos, construcciones de imposible mantenimiento (aeropuertos sin aviones, estaciones sin AVE, trazados ferroviarios sin trenes, reducciones de salarios a la clase media y baja mientras se reparten grandes sueldos entre altos cargos de la banca y la política, etc …)
Las consecuencias empiezan a ser aterradoras. Según el estudio “Exclusión y desarrollo social 2012” elaborado por encargo de Cáritas, la pobreza ahora en España es "más extensa, más intensa y más crónica que nunca". El porcentaje de hogares españoles que están por debajo del umbral de la pobreza es del 22%. La tasa de pobreza, sólo está superada por Rumanía y Letonia. Según la estadística de la Unión Europea, España es el país europeo donde más aumentó la pobreza en 2010, generando una brecha salarial entre ricos y pobres, que se ensanchó muchísimo al principio de la crisis, amenaza con seguir aumentando y que provocará la polarización de la sociedad. La renta media en 2009 estaba en 8.000 euros y ahora está en 7.800.
La CE ya ha advertido de que la crisis está generando una nueva clase social, la de los llamados "trabajadores pobres". Es decir, ciudadanos a quienes tener un empleo no les libra de la miseria. Las consecuencias sociales y de orden público pueden descontrolarse y generar un estado de violencia represiva.
Los políticos y los medios de comunicación nos bombardean diariamente con “la deuda” y sus recortes para solucionarla.
Actualmente, la deuda española está repartida de la siguiente manera: Administración Central, 559.459 millones de euros (m.e.), (52,1 % del PIB-Producto Interior Bruto), Autonomías, 140.083 m. e. (13,1 %) y Ayuntamientos 35.420 m. e.(8,3 %), lo que da un total de Deuda Pública de 734.962 m. e. (68,5 % del PIB).
La Unión Europea nos exige que no sobrepasemos el 60 %, con lo que nuestra deuda no podría sobrepasar los 634.762 millones de euros. ¿Hay otra solución que no sean los recortes salariales y sociales que nos empiezan a caer como lluvia de meteoritos?.
Según datos de Eurostat (oficina europea de estadística), al final del año 2011 la deuda del conjunto de la Unión Europea era del 82,2% del PIB. Francia 85,2%; Alemania 81,8%; Italia 119,6%; Reino Unido 87%. En esa fecha, la deuda española, aun habiendo crecido durante la crisis, estaba en torno al 66%.
Según técnicos de Hacienda, el fraude fiscal en España, está en torno al 72% en las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas, un porcentaje tres veces superior al corresponde a pymes, con 1.379.961 sociedades que representan, junto a los autónomos, el 97% del tejido empresarial, donde se genera el 17 % del fraude.
Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude.
Se estima que en España el fraude está en torno al 23 % del PIB, mientras que en la UE se sitúa alrededor del 13%, lo que supone una merma de recursos públicos de 70.000 millones de euros anuales, de los cuales, más del 60% corresponde a grandes corporaciones y grandes fortunas.
Durante los últimos años, los ingresos por impuestos “sobre el capital” han bajado significativamente.
Comparando las ventas del 2011 con las de 2010, las empresas del Ibex 35 crecieron un 14,42%, unos 66.000 millones de euros. Sin embargo, sus beneficios “cayeron” un 33,99%. La diferencia es de 48,41 %.
Otro tema a considerar son las SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable). Únicamente se necesita un capital mínimo de 2.404.000 euros. Con ellas, no necesitan tener su dinero en un paraíso fiscal, lo tienen aquí en España, y sólo tributan el 1%. Todo legalmente, sin tener que llevarse el dinero fuera de España y pudiendo retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase y sin que su actividad pueda ser fiscalizada por el Ministerio de Hacienda. Únicamente controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Una gran parte de las élites financieras y de las grandes fortunas españolas tienen su dinero invertido en SICAV de manera legal, consecuentemente no se incluyen dentro del fraude fiscal, mientras el resto de los ciudadanos ve cómo le suben sus impuestos.
La falta de créditos por parte de los bancos estrangula por doquier, mientras el Banco Central Europeo (BCE) les da dinero barato que ellos invirtiendo en títulos públicos, a los que sacan una rentabilidad muy superior. Por ejemplo, a principios de enero de 2012, la gran banca española, que había recibido del BCE crédito al 1%, adquirió 10.000 millones de deuda española por los que recibirá unos intereses que oscilan entre el 3,3% y el 3,7%. Ganancias que destinan a tapar agujeros contables propios y no a abrir el grifo crediticio a la economía real. Aparte del dinero que el Gobierno Español les inyectó.
El origen del déficit en España no está en el exceso de gasto, sino en los escasos ingresos públicos. En 2010 los ingresos públicos en España ascendieron a 36,3% del PIB frente al 44,1% de la UE-27, una diferencia de 7,8 puntos, equivalente a 78.000 millones de euros. En Francia los ingresos ascendieron al 49,5%; en Alemania al 43,6%; en Reino Unido al 40,3%; en Italia al 45,8%.
Si nuestro volumen porcentual de ingresos sobre el PIB hubiera sido como el de Francia, entonces hubiéramos tenido un superávit de 3,9 puntos. Alrededor de 39.000 millones de euros.
El saneamiento económico que necesita este país debería basarse en impulsar la reforma fiscal, reformando el impuesto de sociedades y el de patrimonio y reforzando la lucha contra el fraude fiscal, con más inspectores, más medios y mejores normas. No fijando la prioridad en recortar políticas sociales y salariales con la reforma laboral. La prioridad es que los ricos, las grandes empresas y los grandes capitales, paguen sus impuestos con un esfuerzo proporcional al que hacen la inmensa mayoría de los contribuyentes.
Que digan “toda” la verdad. El Consejo Europeo en Bruselas, celebrado los días 1 y 2 de marzo, en el punto 9 de las conclusiones, dice textualmente a los Estados miembros que revisen sus sistemas impositivos con el fin de hacerlos más eficaces y eficientes, suprimiendo las exenciones injustificadas, ampliando la base tributaria, aliviando la presión fiscal sobre el trabajo, mejorando la eficacia en la recaudación de impuestos y atajando la evasión fiscal.
Sin olvidar el dinero sustraído y no devuelto por la corrupción, comisiones de dudosa legalidad, subcontratas que solo sirven para el reparto del dinero entre los intermediarios, creación de organismos carentes de interés o cometidos, creación de cargos para pagar favores o promocionar a amigos o familiares, acaparamiento de sueldos por parte de una élite, megaproyectos de dudosa rentabilidad, eventos ruinosos, construcciones de imposible mantenimiento (aeropuertos sin aviones, estaciones sin AVE, trazados ferroviarios sin trenes, reducciones de salarios a la clase media y baja mientras se reparten grandes sueldos entre altos cargos de la banca y la política, etc …)
Las consecuencias empiezan a ser aterradoras. Según el estudio “Exclusión y desarrollo social 2012” elaborado por encargo de Cáritas, la pobreza ahora en España es "más extensa, más intensa y más crónica que nunca". El porcentaje de hogares españoles que están por debajo del umbral de la pobreza es del 22%. La tasa de pobreza, sólo está superada por Rumanía y Letonia. Según la estadística de la Unión Europea, España es el país europeo donde más aumentó la pobreza en 2010, generando una brecha salarial entre ricos y pobres, que se ensanchó muchísimo al principio de la crisis, amenaza con seguir aumentando y que provocará la polarización de la sociedad. La renta media en 2009 estaba en 8.000 euros y ahora está en 7.800.
La CE ya ha advertido de que la crisis está generando una nueva clase social, la de los llamados "trabajadores pobres". Es decir, ciudadanos a quienes tener un empleo no les libra de la miseria. Las consecuencias sociales y de orden público pueden descontrolarse y generar un estado de violencia represiva.