En concreto, esta Junta de Personal ha llamado la atención sobre la contratación de empresas privadas por parte de la Junta de Castilla y León para efectuar trabajos que, en realidad, pueden ser asumidos por la propia Administración autonómica “con los medios humanos y materiales de los que dispone”, según reza el comunicado que ha hecho público. En su denuncia, se refiere, de un lado, al hecho de que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente haya adjudicado la elaboración del Censo del Lobo Ibérico en Castilla y León a la empresa “Consultora de Recursos Naturales, S.L.”.
Se da la circunstancia, según la citada Junta de Personal, de que dicho censo se realiza a partir de los datos de campo obtenidos por los propios trabajadores de la Junta, que desde su punto de vista “están perfectamente capacitados” para llevar a cabo “con coste cero” las tareas encomendadas a la citada empresa, que no son otras que el “tratamiento y gestión informática de los datos referidos”.
El segundo caso denunciado, también vinculado al departamento que dirige Antonio Silván, tiene que ver con la contratación a la fundación privada Cesefor (Centro de servicios y promoción forestal y de su industria de Castilla y León) de las tareas relativas al “tratamiento informático del Inventario de Pistas Forestales”. Como en el anterior caso, dicho tratamiento se elabora con los datos tomados en campo por los empleados públicos, por lo que “su informatización no supondría coste añadido si lo realizaran los trabajadores de la Administración autonómica”.
Además del “derroche económico” que suponen ambas actuaciones, a la Junta de Personal también le preocupa el “posible mal uso de estos datos”, puesto que en muchos casos son “sensibles y confidenciales”. Al respecto, según la Junta de Personal, “para garantizar su imparcialidad solo deberían ser conocidos por la propia Administración”.
Después de denunciar que “este despilfarro de dinero público contrasta con la política de despidos, austeridad y recortes sufridos en todos los servicios públicos”, la Junta de Personal ha reprochado “el silencio y el oscurantismo” que sus denuncias han encontrado en los organismos pertinentes de la Administración autonómica a los que se han dirigido. Por ello, se pregunta “en beneficio de qué o de quién se hacen estas contrataciones con empresas y fundaciones privadas”.