La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria ha aprobado esta mañana la prórroga del convenio de Bomberos con la Diputación en las mismas condiciones que en el anterior ejercicio por un montante de 210.000 euros. Durante la reunión, también se ha dado cuenta de las ayudas a microempresas, de las que se han beneficiado 15 entidades generando 21 empleos, 11 de ellos para personas en situación de desempleo. Se ha declarado desierto el expediente de la parcela CP11 en el sector Villa del Cañuelo y se ha dado cuenta de la resolución de alcaldía para la adjudicación de la otra parcela en el mismo sector por 2,5 millones de euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Soria ha conocido la sentencia judicial que le obliga a asumir el pago de 380.000 euros por la reclamación de la empresa encargada de las obras del colegio Infantes de Lara, quien recurrió a los tribunales por lo que consideró una liquidación mal efectuada por la corporación municipal del año 2006 presidida por Encarnación Redondo. El alcalde de Soria ha recordado que “a estos 380.000 euros hay que añadir los 300.000 que ya se tuvieron que pagar por la actualización de precios con lo que la obra ha costado a las arcas del Ayuntamiento casi 700.000 euros por encima del 1,6 de adjudicación, un desfase que roza el 50%”. A preguntas de los periodistas, también ha indicado que “esto es lo que ocurre con recepciones de obras mal efectuadas” y ha admitido que “tendremos que incluir este coste en los próximos Presupuestos al tratarse de una sentencia que debemos acatar y cuyo origen se remonta a diciembre de 2006”. El colegio fue inaugurado en enero de 2007.
En la Junta de Gobierno también se acordó solicitar a la Junta de Castilla y León el pago del 50% de estos 380.000 euros al tratarse de una obra que convenió y financió a partes iguales por ambas instituciones.
También se ha aprobado una nueva certificación de las obras del Centro de Día en Santa Bárbara. Esta actuación cuenta con un presupuesto de adjudicación de 2,5 millones de euros de los que ya se han certificado 1,5. El 70% de la financiación corresponde a la Junta de Castilla y León y el alcalde de la capital, Carlos Martínez, ha pedido agilidad en los pagos ya que “el Ayuntamiento no puede asumir sólo todas las certificaciones”