La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Soria dictaminó por unanimidad la aprobación provisional de la modificación puntual número 16 del PGOU, antiguo Colegio Universitario del CUS. Este segundo trámite del expediente da paso a un periodo de alegaciones previo a la aprobación definitiva que permitirá a Diputación dar un nuevo uso al edificio que podría estar vinculado al sector de la hostelería, la restauración y el sector servicios.
Luis Rey consideró que es una buena noticia para la ciudad ya que “abre la posibilidad a la Diputación de dar nuevos usos a un edificio situado en pleno centro y actualmente muy deteriorado. Se ha aprobado por unanimidad primando lógicamente el interés de la ciudad y la colaboración institucional”.
También se aprobó el estudio de detalle de la calle Cortes-Beato Julián de San Agustín. Este estudio supone una modificación al alza de la edificabilidad sustentada en el interés del proyecto presentado que contempla la creación de pisos tutelados para mayores, siete para apartamentos de una habitación de menos de 50 metros y 26 de más de 50 metros.
También se aprobó la modificación número 3 del Plan Parcial Sector SUR D9. En este caso se optó por permitir dividir en dos las dos parcelas afectadas para permitir promociones más pequeñas de vivienda y, según explicó el concejal, “ser sensibles con la situación actual que atraviesa la construcción”. Rey también ha matizado que no varía el número de viviendas totales con 149 en una y 118 en la otra, pero sí ayuda a hacer fases más pequeñas. Dentro del apartado exclusivamente urbanístico también se aprobó iniciar la revisión de oficio, a petición del Juzgado del convenio urbanístico ‘Alto de San Francisco’. Este acuerdo se rubricó en marzo de 2007 y supuso la venta del 10% del aprovechamiento municipal por 700.000 euros. Después de que un particular impugnara el convenio, el Juzgado instó a esta revisión del mismo y se nombraron los técnicos competentes para su realización.
Dentro del orden del día también se ha aprobado por unanimidad la propuesta del mapa del ruido, que no ha recibido alegaciones y que tras pasar por Pleno se remitirá a la Junta, y se ha dado el visto bueno a la ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios tras la revisión de las alegaciones. Luis Rey ha insistido al respecto de esta normativa cuya aplicación exige la Junta, Ley 5/99 de Castilla y León modificada en agosto de 2010, que “vamos a aplicarla con prudencia y moderación comenzando lógicamente por los edificios más viejos, aquellos que supongan algún riesgo por su mal estado de conservación y los sujetos a ayudas municipales”.
La Inspección Técnica de Edificios es obligatoria para aquellos que superen los 40 años de vida y se ha realizado un primer registro con 1.841 edificios afectados. Del total, 343 son anteriores a 1930, mientras que 394 se construyeron entre el 30 y el 49, 430 de 1950 a 1954, 323 entre los años 1955 y 1964 y un total de 351 entre 1965-1971.