El Concejal de Desarrollo Económico y Empleo anunció que el Ayuntamiento de Soria trabaja en un plan con el que conseguir acelerar los pagos al Consistorio y poner al día los más de 8 millones de euros que se adeudan a las arcas municipales. Luis Rey confirmó que este trabajo es clave para sentar las bases de un calendario de pagos a proveedores y empresas de servicios cuyos abonos se están demorando ante la falta de liquidez. El concejal explicó que este documento tendrá en cuenta distintos aspectos a la hora de realizar los pagos en función de criterios de tiempo y también de justificaciones de ayudas. Durante la Comisión, admitió que estos impagos han generado una “situación grave de tensión en la tesorería” y ha explicado que “ahora mismo es nuestra primera prioridad saber cuándo nos van a hacer los ingresos para simultáneamente hacer un calendario de pagos”.
Durante la Comisión también se puso sobre la mesa la subida que supondrá para los contribuyentes de la capital el incremento del IBI del 4% sobre la mitad de las viviendas de mayor valor exigida por el Decreto del Gobierno central de diciembre de 2011. El Consistorio ha pedido al Gobierno una explicación más detallada de la aplicación que, en función de cómo se interprete según los técnicos económicos, puede moverse entre los 280.000 euros y los 436.000 euros en total. El concejal también considera que conllevará “importantes agravios” y tras la reunión de la comisión fiscal de la FEMP apunta a la necesidad de más detalles para estudiar su puesta en marcha así como también la referida a los horarios del personal y las contrataciones.
Otro aspecto que preocupa especialmente al concejal de área del Ayuntamiento, Luis Rey, es el referido al anteproyecto de Ley de Medidas tributarias de la Junta de Castilla y León que contempla un nuevo impuesto sobre los vertidos gravando las toneladas de residuos, en siete euros cada tonelada no valorizable y en 20, las sí valorizables. La normativa autonómica establece que sea el Ayuntamiento quien deba repercutir obligatoriamente esta cantidad en el recibo de los vecinos y luego, según ha explicado Luis Rey, se deja sin concretar el dinero recaudado “en qué se destinará ni que autonomía tendrán los propios municipios para su uso en proyectos medioambientales con un ambiguo texto que determina que lo que que se recaude se destinará a programas de gasto que desarrollan las entidades locales”. La norma también establece que las tasas se deberán revisar al menos cada cinco años, un aspecto que ya cumple el Consistorio tras poner al día algunas tasas y ordenanzas con más de 15 años de vigencia que se encontraban sin actualizar y carecían de nuevos estudios económicos. Luis Rey lamenta esta subida de la tasa de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos “que sufrirán todos los vecinos de la ciudad y que se suma a la que han experimentado en su recibo para sufragar el coste de la puesta en servicio del cuarto vaso de rechazos”.