El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria ha elaborado un borrador de la ordenanza municipal reguladora de las inspecciones técnicas de construcciones que ha entregado al Partido Popular en la comisión celebrada esta mañana y que ahora remitirá a los diferentes sectores implicados para contar con las propuestas de los colectivas y buscar el máximo consenso antes de su aprobación. Esta ordenanza lo que persigue, según ha explicado el concejal del área Luis Rey, es regular las competencias municipales de la Ley 5/99 de Castilla y León modificada en agosto de 2010 y que exige a los Ayuntamientos hacer cumplir la norma autonómica de pasar una revisión a los edificios de más de 40 años.
A partir de este momento, el test se repetirá cada diez años. En el caso de que el edificio se haya sometido a una rehabilitación integral será a partir de ese momento cuando se computen los años. “Hemos decidido no dictaminar porque queremos contar con todos los afectados y remitir el borrador a los colectivos para mejorarlo con administradores de fincas, arquitectos, ingenieros…”, ha indicado el primer teniente de alcalde.
La normativa determina que todos los edificios de más de 40 años deben someterse a esta inspección por motivos de seguridad, fundamentalmente, y en el examen se deben tener en cuenta capítulos como la cimentación, estructura, fachada, cubiertas, azoteas y redes generales. El informe técnico puede ser favorable o no y, en el caso de resultar negativo, debe reflejar las actuaciones que se deben acometer para subsanar las deficiencias. Parte del debate de trabajo con los colectivos pasa por determinar quieres serán los profesionales que deben llevar a cabo los exámenes. Luis Rey ha explicado que será cada comunidad de propietarios y titulares de edificios quienes deban pagar esta exigencia legal y contratarla, pero también ha admitido que “desde el Ayuntamiento seremos inflexibles con aquellas construcciones que ya presentan deficiencias exteriores visuales y otras que pueden ser un riesgo para los viandantes”. Ahora los edificios deberán comunicar al Ayuntamiento que han cumplido con el trámite para que quede constancia en el registro.
Desde el Ayuntamiento se es consciente de que es un gasto adicional para las comunidades y, aunque el Consistorio debe asumir la exigencia autonómica, ha buscado fórmulas para bonificar las rehabilitaciones. “Vamos a intentar ayudar en las reformas si los informes así lo requieren y eso ya lo contemplamos en el impuesto de construcciones”, ha recordado Luis Rey. El Ayuntamiento también es consciente de que serán muchos los edificios afectados por la revisión, especialmente en el casco histórico.