La normativa que publicó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), dirigido por Miguel Arias Cañete, el pasado 2 de octubre, que establecía que todas las transacciones que se llevasen a cabo dentro del sector lácteo a partir de su entrada en vigor al día siguiente debían ir refrendadas por un contrato entre la parte compradora y la vendedora, para garantizar unos precios para los ganaderos, no ha cuajado. Las organizaciones profesionales agrarias calculan que tres meses después, apenas uno de cada cuatro ganaderos ha suscrito un contrato con una industria que “sigue aprovechando” su posición dominante para intentar fijar precios “de miseria”, muy por debajo de los costes de producción.
La normativa que publicó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), dirigido por Miguel Arias Cañete, el pasado 2 de octubre, que establecía que todas las transacciones que se llevasen a cabo dentro del sector lácteo a partir de su entrada en vigor al día siguiente debían ir refrendadas por un contrato entre la parte compradora y la vendedora, para garantizar unos precios para los ganaderos, no ha cuajado. Las organizaciones profesionales agrarias calculan que tres meses después, apenas uno de cada cuatro ganaderos ha suscrito un contrato con una industria que “sigue aprovechando” su posición dominante para intentar fijar precios “de miseria”, muy por debajo de los costes de producción.