Martínez fue imputado junto a otros catorce diputados y ex diputados provinciales del PP y uno de Ides por un delito de prevaricación administrativa por votar, en un pleno celebrado la pasada legislatura, a favor de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación con objeto de amortizar un puesto de trabajo en la residencia de ancianos de Navaleno, ocupada por la trabajadora Lourdes Revuelto antes de ser denunciada por acoso laboral por varios compañeros.
Revuelto decidió querellarse contra los diputados y el Juzgado admitió la querella a trámite. Desde la Diputación Provincial de Soria, el presidente Antonio Pardo reiteró en varias ocasiones que la decisión se tomó en aras a los expedientes técnicos que se elaboraron en el momento e incluso se contó "con el apoyo del propio Comité de Empresa y alguna sección sindical" que pedía que se apartara a la trabajadora del puesto tras la denuncia de las empleadas del centro.
Pardo acudió a declarar el pasado 21 de marzo junto a la vicepresidenta de la Diputación, Ascensión Pérez, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Soria.