El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Antonio Pardo, declaró ayer durante más de dos horas en el Juzgado número cuatro de Soria, como imputado en un delito de prevaricación administrativa y contra la integridad moral. La demanda ha sido presentada por una trabajadora de Diputación, Lourdes Revuelto, que fue despedida en 2008 por la institución provincial, después de que sus compañeros de trabajo de la residencia de Navaleno le denunciaran por acaso laboral.
Tras un largo proceso judicial, los tribunales han dado la razón a Revuelto, lo que ha obligado a Diputación a readmitir a la trabajadora despedida. Sin embargo, en noviembre de 2010 el Pleno de Diputación decidió suprimir el puesto que ocupaba, el de administradora en la residencia de mayores de Navaleno.
Una decisión que ha llevado a la afectada a demandar al presidente de la institución y los otros 15 diputados provinciales de la pasada legislatura que apoyaron esa amortización del puesto. En este momento, Lourdes Revuelto está trabajando en otro puesto en los Servicios Sociales de Diputación, y Diputación ha recurrido la readmisión.
Pardo aseguró sentirse “afectado y afligido” tras su declaración en el Juzgado, aunque señaló que la tranquilidad de conciencia y “el ánimo de las personas que confían en ti” dan la “fortaleza” necesaria para pasar este trago. “Cosas así te llevan a pensar en tirar la toalla”, indicó, pero también dijo que su comparecencia le ha permitido contar lo que ocurrió y decir lo que piensa del asunto, “porque estamos convencidos de que la amortización de ese puesto fue una decisión acertada”, pensada en el interés general, afirmó Pardo, que confía en las conclusiones de la Justicia.
En la mañana de ayer miércoles día 21, también declaró la vicepresidenta Ascensión Pérez que, junto al resto de diputados del PP y el representante de IDES de la pasada legislatura, está imputada. Los demandados se enfrentan a una posible sentencia de inhabilitación para ocupar cargos públicos.