El presidente nacional del sindicato CSI-F, Miguel Borra, ha denunciado este viernes 21 de junio en Soria las reformas sobre la administración pública que pretende establecer el Gobierno de la nación habida cuenta del gran número de asesores con los que cuentan los responsables de las mismas y evidenció que en esta legislatura han sido eliminados 375.000 empleos eventuales de la gestión pública dentro de los recortes económicos implantados.
En su denuncia, el responsable sindical aludió a que es “necesaria la modernización” de la función pública, pero que debe de hacerse de modo eficaz, sin tener que culpar a los empleados públicos del déficit económico del país, y recalcó que ante la disyuntiva de elegir entre asesores o personal de policía, médicos o maestros, el ciudadano se decidirá por estos últimos. Por ello, se mostró favorable por evitar “la politización de las administraciones públicas y la politización de la defensa de los empleados públicos”, ya que “la administración pública no tiene color político”. Por ello, manifestó la postura contraria de la entidad que preside de dejar a las Comunidades Autónomas que decidan por la eliminación de los cargos de libre designación, que cifró en torno los 20.000 en todo el país, reseñando que este número es complicado conocerlo con exactitud, por tratarse de “datos opacos, pero no ocultos”. También señaló que la reforma planteada calcula en torno a los 6.500 los puestos de este tipo, un número que aún así consideró como excesivo.
Aquí explicó que funcionarios públicos que después son elegidos para puestos de libre designación consolidan el nivel tras dos años en el nuevo puesto, por lo que mostró la alternativa de que dichos cargos deban ser nominados con un nivel 28 o superior, para evitar este tipo de ascensos en el escalafón. También planteó la opción de crear un registro central de asesores, ya que en muchos casos, estos cargos pasan a ser del grado de auxiliar administrativo con 900 euros de sueldo mensuales “a cobrar como un profesor universitario”.
Otro de los datos que mostró Borra fueron los referentes a las proporciones de funcionarios por número de habitantes, siendo España, en función del PIB, quien ofrece ratios por debajo de países como Francia o Alemania.
Igualmente se refirió a que los recortes deberían centrarse en la eliminación de embajadas autonómicas, ya que con las oficiales es suficiente, añadiendo también la existencia de 17 modos distintos de gestión en todos los servicios públicos, el mismo número de regiones existentes en el país.