El diputado Ángel Núñez se ha mostrado contundente al advertir que se tendrán que respetar los salarios actuales, porque así lo indica “el artículo 11 sobre “Garantía ‘ad personam’ de la condición más beneficiosa”, del VI Convenio Colectivo Marco Estatal de servicios de atención a las personas dependientes, según resolución de la Dirección General de Empleo.
El diputado socialista Ángel Núñez explica que en ese artículo se dice que en caso de los trabajadores que tengan condiciones laborales superiores, en el momento de la publicación del convenio marco, se respetarán esos salarios más ventajosos que se perciben, para lo que se establecerá un complemento personal de garantía, con el que se recibirá esa diferencia económica.
El representante socialista señala que el informe jurídico presentado por el equipo de gobierno de Diputación no dice nada de esta circunstancia de la subrogación, que resulta clave en la operación que pretende llevar a cabo, con la externalización de la gestión de las residencias.
El PSOE avisa al presidente de la Diputación, Antonio Pardo, que si hay que pagar el mismo salario, el estudio de Mensor es una irresponsabilidad, puesto que se producirá un desequilibrio económico desde el primer momento de la externalización, con lo que los perjuicios serán más que las ventajas con el cambio de gestión, y el “embrollo” en el que se meta la Diputación puede ser muy grave.
Núñez recuerda que el supuesto ahorro en la gestión de las residencias se basa en la reducción salarial, si esta no se puede realizar, el responsable socialista se pregunta cómo se va a llevar a cabo ese ahorro previsto de 1,5 millones.
El grupo de diputados socialistas insta al presidente, Antonio Pardo, a negociar con los trabajadores, para llegar a un acuerdo. En este sentido, lamenta que el equipo de gobierno mantenga la intención de llevar los pliegos de la adjudicación de la externalización de las residencias al Pleno del próximo día 14, cuando se sabe ahora que la subrogación va a exigir unos mismos salarios para los trabajadores, según asegura Núñez, que confía que Pardo no se empeñe en seguir adelante, lo que obligará a los trabajadores a acudir a los tribunales, lo que supondrá más gastos y más trastornos para el normal funcionamiento de los servicios de las residencias, y para los adjudicatarios de la externalización, que luego podrían reclamar a la Diputación.