En una nota de prensa, los socialistas de la institución provincial denunciaron este jueves que el equipo de Gobierno de la Diputación “sigue firme en su objetivo, allanando el camino a las empresas privadas y a la comisión para estudiar las alegaciones al nuevo reglamento fue un nuevo ejemplo de rodillo y falta de modelo”. Por este motivo, apuntaron al máximo dirigente de la institución, por lo que consideran que necesita modificar el reglamento que tutela las residencias “como paso previo para una privatización ya decidida, y su talante sigue siendo de soberbia, olvidando las demandas de los colectivos implicados y desoyendo las alegaciones”.
En sus consideraciones, reseñaron que principal motivo de que estas alegaciones no fueran estimadas es la “ausencia de un modelo de gestión” para tal fin. También señalan al máximo dirigente de la Diputación de tapar “las vergüenzas de la Junta” en vez de reivindicar las atribuciones autonómicas en materia asistencial para los mayores.
En el texto remitido a los medios de comunicación, rubricado por la diputada sanestebeña Pilar Delgado, tildaron de “surrealista” el apartado de alegaciones durante la comisión de Servicios Sociales ya que el presidente de la misma, Constantino de Pablo, “no sabía ni qué modelo de gestión especifico se iba a seguir, ni cómo se iban a organizar los centros residenciales. Aunque matizaron que De Pablo tenía claro que con la nueva reglamentación se permiten privatizar los cuatro centros que tiene la institución. Así mismo, le acusaron de desdecirse en “el anuncio de cubrir todas las plazas de residentes de la residencia Los Milagros de Ágreda alegando falta de personal con 15 plazas sin cubrir, y la intención hecha pública de no realizar contrataciones”. Una decisión que, junto a las cartas remitidas en julio a los residentes psiquiátricos de la San José del Burgo de Osma para que pidieran el ingreso en las
residencias de la Junta, “tenía como único objetivo hacer de los centros residenciales ‘un plato apetecible’ para la empresa privada, siguiendo una vez más los criterios económicos sin importarles los criterios sociales”. Con todo, la diputada socialista dejó ver que “los resultados, sin embargo, no han sido los esperados y Constantino de Pablo tuvo que reconocer que sólo una familia accedió al traslado”.
Además, significaron que el estudio socioeconómico para estos centros “no es serio ni responsable, porque fue adjudicado a una empresa que económicamente no era la más ventajosa”, a la que según dijeron tiene “marcados los objetivos a cumplir” por orden de Pardo.
Por estos motivos, incidieron que las políticas del PP centran su interés en “los números y las cuantías económicas”, sin que ello haga pensar “en un proyecto de provincia ni en el beneficio de todos los sorianos”.
Así mismo, Delgado aludió al descenso de horas en el apartado de atención domiciliaria, dictaminado también por la comisión. Una modificación que estimaron de 3.237 horas al mes “lo que es un 21% de las ayudas que se venían concediendo”. Un hecho que “viene dado por la reducción económica que destinan Gobierno Central y Junta de Castilla y León a este servicio”. En este sentido, el comunicado nuevamente apunta a Antonio Pardo, ya que se considera que estas ayudas “son esenciales para una población tan envejecida como la nuestra”. También señalaron que “en vez de valorar la prestación al máximo, Pardo la valora más bajo, por lo que el incremento es mayor”.
Para concluir, en el comunicado exigieron a Pardo “seriedad y trabajo con esta provincia, ya que en vez de intentar solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, lo único que hace es intentar recortar y recortar para presentar a su partido unos buenos números”. Por ello, calificaron al presidente de la Diputación de intentar ser “El Capitán Austero del PP, teniendo 21 millones de euros de remanente de Tesorería del ejercicio 2011 escondido en su caja fuerte”.