La procuradora socialista soriana Esther Pérez lamenta no contar con el apoyo de los parlamentarios populares, a la petición de que la reforma local garantice la prestación de servicios sociales de proximidad, la promoción del número 016, campañas de prevención en redes sociales orientadas a los jóvenes, el desarrollo de la propia Ley de la Junta en esta materia o planes de igualdad. Hasta ocho medidas han recibido el voto contrario de los populares.
El Partido Popular en las Cortes de Castilla y León ha rechazado una batería de medidas presentadas por el PSOE, para "contribuir a erradicar la violencia de género desde distintos ámbitos", ha explicado la procuradora socialista Esther Pérez, que considera inexplicable esta posición, "y poco edificantes algunas declaraciones en este sentido, de los representantes del PP".
Por un lado, se ha votado en contra de exigir al Gobierno que no se rebaje el presupuesto ni los programas en materia de lucha contra la erradicación de la violencia de género.
Además, también se han opuesto a requerir al Gobierno que adopte las medidas necesarias a fin de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que se encuentra actualmente en tramitación, garantice la prestación de los servicios sociales de proximidad a través de las Entidades Locales, ha explicado el PSOE. Esta prestación deberá incluir la evaluación e información de situaciones de necesidad social, la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, y los servicios sociales de atención de proximidad. Hasta ahora esta normativa deja en el aire algunos recursos vinculados a la situación de vulnerabilidad de las víctimas, según el PSOE.
El voto contrario ha sido también la posición del PP al solicitar que sea el número 016 el teléfono que promocione la Junta, y que elimine aquellos erróneos, por que no existen o pertenecen a recursos con más de un año cerrado, o que dejan rastro de sus campañas informativas.
El PP también rechaza elaborar y aprobar un reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 13/2010 contra la violencia de género en Castilla y León, y que debió estar aprobado en el plazo máximo de un año de la entrada en vigor de la misma, y presentarlo en sede parlamentaria ante todos los grupos antes de marzo del año 2014, ha explicado el PSOE.
"Ni voluntad política de exigir al Gobierno, ni acciones prácticas que faciliten el acceso a la información a las mujeres, ni mucho menos poner en marcha sus propios compromisos", ha insistido Esther Pérez, que ha lamentado "esta actitud de negativa sistemática a todas y cada una de las propuestas, como la recibida también a la petición de adhesión de municipios a la Red de Municipios sin Violencia de Género".
Recientemente, ha recordado la procuradora, "conocíamos los datos de la Delegación del Gobierno para la violencia de género y las conclusiones de sus estudios que, entre otras, manifiestan la importancia que las nuevas tecnologías tienen en la relaciones que se establecen con chicos y chicas, de cómo la percepción del riesgo es escasa entre las jóvenes, conocíamos que el 60% de las jóvenes españolas recibe insultos machistas por parte de sus parejas o amigos".
"Hoy el PP, sin embargo, también ha rechazado llevar a cabo campañas específicas de sensibilización dirigidas especialmente a la juventud, en relación a los riesgos de actuaciones discriminatorias y de acoso asociadas al uso de tecnologías de la comunicación y redes sociales y poner en marcha Planes de Igualdad en las empresas y las Entidades Locales mediante el apoyo, con líneas de financiación específica, que permitan avanzar en la eliminación de las desigualdades cuya máxima expresión es la violencia de género", ha indicado Pérez.
Por último, el PP ha descartado la propuesta de rechazar acciones o expresiones de desigualdad de género no financiando a los centros docentes que segreguen a los alumnos por sexto. Esther Pérez ha añadido que "hemos escuchado a la directora general de la mujer hablar a los medios de educación y compromiso de la sociedad, pero la voluntad política se debe demostrar con hechos y no sólo con declaraciones. Hoy hemos visto la realidad de este compromiso rechazando ocho medidas que pueden ayudar a aliviar esta lacra".
"Silencio, resignación, autocomplacencia, el estamos trabajando en ello, no son la respuesta que las víctimas necesitan y esperan de sus representantes, pero son las que hoy ha dado el Partido Popular", ha recordado la procuradora. "La crisis económica nos afecta a todos y todas, pero más aun a las más débiles, a las mujeres maltratadas que forman parte de los más vulnerables, que necesitan seguridad, recursos y respaldo de las instituciones para salir de la espiral de la violencia", ha manifestado Esther Pérez, quien añade que "desde el PSOE pedimos un frente común; que la indiferencia, o la inacción no nos haga cómplices".
Por su parte, el Gobierno regional ha tildado estas medidas de "derroche económico", para escenificar una supuesta preocupación por el problema de la violencia de género, al que el PP y el Gobierno regional es sensible, y para el que ya está trabajando. El PP ha insistido en las Cortes que con las acciones que se están haciendo, se puede luchar con eficacia contra la violencia de género.