Cuanto justamente entraba en vigor ahora hace un año el Real Decreto 16/2012 por el que el Gobierno reformaba el Sistema Nacional de la Salud, los parlamentarios socialistas, Javier Muñoz, en las Cortes regionales, y Eloísa Álvarez en el Senado, han puesto de manifiesto el “retroceso” en el estado de bienestar que en Soria ha hecho el cierre de los centros urgencias nocturnas de Medinaceli y Langa de Duero así como también otros aspectos tales como el copago sanitario, la cuestación de medicamentos y también el aumento de las listas de espera para diagnóstico e intervenciones quirúrgicas.
Así, el aforado en las Cortes castellano y leonesas señaló este 22 de abril que la semana pasada aparecía en el boletín oficial de la Comunidad (BOCyL) que se había dado luz verde “de puntillas” a un copago por el que en los traslados a otros centros sanitarios para el servicio médico de especialidades y tratamientos que no se dan en Soria han de hacer efectivos los primeros 25 euros, una cantidad que deberá de ser abonada, pese ser abonados 5 euros en concepto de manutención, 18 por alojamiento y 0,08 euros por kilómetro en cada desplazamiento.
El procurador también puso énfasis en una respuesta del consejero de Sanidad a una pregunta sobre el comienzo de las reformas que por un importe de 2,2 millones de euros se anunciaron para el hospital de Soria. La contestación dada fue que “en próximas semanas2 se procedería a la licitación de las obras, un hecho por el que Muñoz mostró su incertidumbre a la hora de iniciar la segunda fase de las obras que tuvieron que ser canceladas en octubre pasado y que tenían un montante de algo más de 34 millones de euros. “El tiempo nos da la razón, al igual que al Colegio de Médicos”, incidió, apuntando también que la procuradora popular soriana no se aventuró a que las obras de la segunda fase se podrían licitar para el próximo año.
En otro orden de cosas, también calculó que el gasto por habitante en materia sanitaria ha descendido un 7%, pasando de los 1.360 euros anteriores a los 1.265 actuales.
En su turno, Eloísa Álvarez adujo que la sanidad ha pasado de ser universal a ser ahora gestionada mediante el “aseguramiento”, por el que se otorga “un carnet de pobre” a quien no puede costear este servicio lo cual “tiene un nombre: beneficiencia”. Abundando en la materia, también aludió a estudios de asociaciones de médicos y de colectivos de distintas enfermedades por el cual uno de cada cinco pensionistas han dejado de adquirir la medicación prescrita, lo que también supondrá un coste en atenciones hospitalarias por el agravamiento de la salud de estas personas.
Igualmente, denunció la “privatización” de la sanidad, queriéndose extrapolar la gestión de este servicio público en la Comunidad de Madrid al resto del Estado, un modelo que restará derechos adquiridos haciendo retroceder el sistema a muchos años atrás. “Quitan derechos consolidados con la excusa de la crisis”, denunció.
En cuanto a los cierres de urgencias, Álvarez mostró lo que consideró como ejemplar comportamiento en una zona de las Arribes, en Salamanca, donde los vecinos llevan 191 días ocupando la sala de espera del centro de salud, “las 24 horas del día” para que no lo cierren. Un gesto en el que hay personas de avanzada edad apoyando con su presencia esta estrategia que por el momento está dando sus frutos.
Por último, quiso reseñar que el precio de los medicamentos se ha incrementado en algunos casos hasta un 200% una vez que se han suprimido más de 400 del recetario, añadiendo también que el copago sanitario hace que muchos pacientes de enfermedades crónicas deban costearse el tratamiento abonando de sus bolsillos hasta 300 euros mensuales.