La procuradora socialista Esther Pérez ha recordado este martes 25 de junio, en vísperas del Debate sobre el Estado de la Comunidad, que la Junta mantiene un ‘debe’ con la provincia que no ha conseguido aligerar en estos dos años de legislatura de Juan Vicente Herrera y que, “lamentablemente, sigue incrementándose con incumplimientos de las promesas realizadas y con los recortes en derechos esenciales y en servicios que especialmente inciden en el medio rural y en el bienestar de colectivos más vulnerables como los mayores”.
Esther Pérez resumió que “dos años después, la legislatura de Herrera deja más paro, más recortes, más despoblación y más desigualdad con medidas como las del fondo de compensación interterritorial que lejos de equiparar siguen distanciando”.
Consideró también que los “hachazos” de la Junta “se han cebado especialmente con el mundo rural y Soria es una de las provincias en las que más afectan medidas como las tomadas con la disminución de los servicios de urgencias médicas rurales, colegios rurales, en la financiación de las cámaras agrarias, en los programas de desarrollo rural, los seguros agrarios, y las ayudas a los agricultores y ganaderos”.
También reseñó a los mayores, “un colectivo que también tiene un especial peso en una provincia como la soriana despoblada y envejecida”, señalando que están “especialmente olvidados por la Junta, que ha eliminado tres de cada cuatro euros que les destinaban en el medio rural, y además el PP ha rechazado recuperar la financiación de 2011 para los programas de asesoramiento jurídico y psicológico para personas mayores y el programa de envejecimiento activo”.
Para la procuradora socialista, el balance también resulta negativo en materia de educación, en pérdidas de derechos y en servicios que fomentan la conciliación y permiten y ayudan al acceso al mercado laboral.
“Pleno a Pleno y comisión a comisión, hemos visto la intolerancia del Partido Popular con negativas constantes de la Junta de Castilla y León a recuperar, de forma gratuita para las familias, el programa de Centros Abiertos para los sábados por la mañana, días no lectivos y periodos vacacionales ampliando su oferta también al mes de agosto”, explicó la procuradora, quien añadió otros puntos como como las clases a distancia, cierre de centros rurales de educación, el copago en madrugadores y tardes en el cole.
Desde el PSOE, mostraron su esperanza en que el presidente del Ejecutivo regional “explique los datos de la Cámara de Contratistas del primer trimestre que ofrece un cero en obra pública licitada por la Junta y también los últimos datos oficiales sobre la ejecución presupuestaria de la Junta de Castilla y León en el año 2012 con unos porcentajes referidos a la provincia de Soria que arrojan la pérdida de casi el 43% de las inversiones comprometidas para Soria durante el año”.
Por último, Esther Pérez pidió al PP que sea “consciente” y asuma que “son responsables del cierre del Centro de Investigación Forestal de Valonsadero, del recorte en el personal de extinción de incendios de la Junta, de la supresión de la ESO en el medio rural, del despido de los trabajadores del ECyL, del recorte de inversiones en Fomento y Medio Ambiente, del copago sanitario, de la eliminación del servicio gratuito de madrugadores, del cierre de Centros Abiertos para el año 2013, de la eliminación de los Programas ELCO y nuevos Yacimientos para la contratación de desempleados por los Ayuntamientos y Entidades Locales, de la negativa para participar en el sellado del Vertedero del Bellosillo, de los recortes en Dependencia y de la paralización del Hospital de Soria, del recorte en personal del Soria Rural, y de enterrar en el Soto de Garray 200 millones de euros de dinero público con la CMA al lado de un aeródromo peatonal”
“Con estos mimbres”, significó, el debate del presente de la Comunidad “es bastante decepcionante, pero tampoco lo es mejor el horizonte”, y aludió a los últimos datos del INE donde “más de 2.000 jóvenes han abandonado la provincia y casi 75.000 la Comunidad desde 2009. Una Comunidad que fomenta el clasismo en la Universidad reduciendo becas y endureciendo criterios, que sube tasas o precios públicos educativos y que reduce las políticas activas encaminadas al fomento del empleo, no hace sino abocarnos a una situación peor”, concluyó la aforada regional.