La procuradora socialista ha analizado este jueves 23 de mayo los últimos datos oficiales sobre la ejecución presupuestaria de la Junta de Castilla y León en 2012 en la provincia con unos porcentajes que arrojan la pérdida de casi el 43% de las inversiones comprometidas para Soria durante el año.
No sólo nos asignan escasos fondos, sino que tampoco ejecutan las cantidades, denunció la parlamentaria regional Esther Pérez, quien insiste en que esta ejecución es un claro ejemplo de la falta de compromiso del Partido Popular y de esas prioridades de las que tanto hablan. También incidió en que Soria es la provincia en la que menos se ha ejecutado, con 24,8 millones de euros en todo el ejercicio pasado de los 43,5 previstos.
Así, con el informe de ejecución presupuestaria en la mano, Pérez afirmó que "el Gobierno de Herrera no ha ejecutado aún el 42,88% del ya escaso presupuesto aprobado para la provincia.
También observó que "a menor ejecución presupuestaria, menor impulso a la economía", la cual, en la actual situación no nos lo podemos permitir, es algo vital para la provincia.
Este dato evidencia la falta de compromiso del PP con la sociedad soriana, a la que una vez más trata de confundir con las cifras que aprueba en sus presupuestos, pero que no llegan a invertirse en un porcentaje demasiado elevado, explicó.
Además, Pérez confesó no entender la actitud de los procuradores populares en las Cortes que avalan y apoyan todos estos recortes en lugar de defender la inversión en la provincia que les ha votado y que deben defender, así nos encontramos algunas veces con manifestaciones en un sentido y votaciones en otro, dijo.
Los procuradores populares utilizan la excusa de falta de presupuesto para rechazar todas las iniciativas presentadas por los socialistas para la provincia y para restar servicios un día si y otro también, criticó.
Por citar algunas de las cifras por Consejerías, Pérez remarcó que en la de Fomento y Medio Ambiente, el 41,5 % no se ha ejecutado; en Educación, el 53,6%; en Cultura y Turismo, el 66,24%, y en ITACYL, el 96,12%.
Con ello, recordó el incumplimiento de los compromisos con la sociedad soriana, promesas que desde el PP de Soria lanzaban a los cuatro vientos en campaña electoral: ni Escuela oficial de idiomas, ni Palacio de la Audiencia, ni sellado del Vellosillo, ni Cúpulas de la energía, ni centros de salud en El Burgo y San Pedro Manrique, ni la inversión para la segunda fase del hospital del Soria.
Respecto a los compromisos en empleo, Pérez significó que no sólo no se ha cumplido, sino han vuelto a hacer todo lo contrario a lo que dijeron. No han creado puestos de trabajo, sino que se han encargado de destruirlo. Son cerca de 500 desempleados los generados por responsabilidad directa de la Junta de Castilla y León y otros muchos, fruto de las políticas del partido popular con una reforma laboral que además, abarata y facilita el despido.
También incidió en asuntos como el cierre del Centro de Investigación Forestal de Valonsadero; la clausura parcial de las Casas del Parque; la supresión del Grado de Ingeniería Agrícola y Desarrollo Rural; el cierre de las urgencias nocturnas en Langa de Duero y Medinaceli, y la unificación de los centros de la Milagrosa y Soria Rural. En este repaso también desgranó otros puntos como la privatización de centros de personas mayores; la aplicación del copago de medicamentos y del transporte sanitario no urgente; el cierre de la unidad de la ESO en cuatro municipios de la provincia; la reducción de prestaciones sociales y económicas a la dependencia; eliminación del servicio gratuito de madrugadores, tardes en el cole y centros abiertos; el cierre de oficinas de la Red Mujer Empleo; el cierre de oficinas veterinarias; retirada de apoyo a la Cámara Agraria y a los Grupos de Acción Local; el despido de los trabajadores del ECyL y del ADE Parques Tecnológicos, y la reducción de las partidas de las políticas de empleo.
En definitiva, desde el Partido Popular han apoyado políticas de austeridad que asfixian a las personas, a las familias, a parados, a estudiantes, a mayores, a discapacitados, a dependientes, a la juventud con un doble objetivo: desmantelar el estado del bienestar y fomentar la desaparición del medio rural, denunció la procuradora socialista. Y todo con engaños, promesas incumplidas y clientelismo político, concluyó.