Ante la sentencia en Castilla-La Mancha donde el juez ha suspendido cautelarmente esta medida implantada por el Gobierno de aquella región hace una semana, concejales socialistas en los pueblos afectados por idéntica situación adoptada en octubre en distintas demarcaciones de la provincia acusan a los alcaldes de sus localidades de “defender la mano que les da de comer” en vez de velar por los intereses de los vecinos.
Los concejales Pilar Delgado, de San Esteban de Gormaz, y Miguel Ángel Ortiz, de Langa de Duero, acompañados por el secretario de Sanidad del PSOE en Soria, el procurador Javier Expósito, comparecieron este viernes en rueda de prensa para dar cuenta de la situación en la que se vive en estos municipios y también en la zona de Arcos de Jalón, donde al igual que en el centro de Soria Rural se ha eliminado este servicio.
Delgado puso de manifiesto que sus exigencias no pasan por una atención especializada, sino por una continua, que es la de urgencias sanitarias, toda vez que los vecinos de Langa de Duero ahora se ven obligados a ser atendidos por el médico del centro de San Esteban de Gormaz. Reseñó que en ocasiones, el área que se debe recorrer es de “no menos de 80 kilómetros”, por lo que refirió que los profesionales médicos se sienten desprotegidos por el estado de las calzadas.
También recordó que en San Esteban de Gormaz su grupo presentó una moción para evitar el cierre de urgencias en Langa, algo que el alcalde, Millán Miguel, tildó de “panfleto”. Un documento que justamente un día después era aprobado en la Diputación de manera unánime, siendo Miguel también miembro de la corporación provincial. También se refirió a que en Castilla-La Mancha la existencia de “ediles comprometidos” que con su unión, sin distinguir dictados de partido, lograron mantener el servicio en contra de las disposiciones del Ejecutivo regional.
Por su parte, el concejal en la oposición del Ayuntamiento de Langa, se mostró como un entusiasmado del medio rural, un ámbito que aseguró que la Junta, al tomar esta determinación, provocará “el cierre del medio rural”. Con todo admitió que la existencia de un convenio asistencial con Aranda de Duero, pero esto hará que los langueños abandonen su localidad para irse a vivir a la localidad burgalesa. Acusó a su alcalde, Constantino de Pablo de ser “estómago agradecido” mostrándose convencido de que “si hubiera querido hacer algo, podía haberlo hecho” y añadió que “antes que el partido está la gente del pueblo”. Igualmente reseñó que en ocasiones se ha tenido que esperar entre dos y tres horas la llegada del médico desde San Esteban al encontrarse éste ocupado en otra urgencia.
Expósito se refirió a que desde su formación se había elevado una denuncia, pero al contrario que con lo sucedido en Castilla-La Mancha, los alcaldes de todos los signos políticos elevaron su disconformidad ante los tribunales, lo que a la postre llevó a dictaminarse una sentencia en la que se obliga a dar marcha atrás en el cierre de la atención continuada, algo que no se ha hecho en Soria, ni en toda la región.
También pidió la dimisión del alcalde de Arcos de Jalón, Jesús Peregrina que también es procurador en las Cortes regionales, porque en un documento que éste presentó ante la Junta se manifestaba en los términos en los que ahora lo hacen los socialistas de los pueblos afectados.
La solicitud también fue extensiva al alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla, ya que su localidad se ha visto abocada a ser dependiente de Arcos para las urgencias sanitarias.