En los últimos meses se viene detectando por parte de FOES y de las Asociaciones relacionadas con el sector de la construcción y afines, un alarmante crecimiento del intrusismo en la actividad de construcción y asimilados en toda la provincia de Soria. Teniendo en cuenta el actual contexto de crisis, tanto general como del propio sector, así como el reciente aumento de la presión fiscal, a los sectores afectados les preocupan enormemente estas actividades irregulares, por el daño sobre la actividad de quienes la realizan legalmente, así como por la detracción de ingresos que supone para las arcas públicas. La dinámica actual hace pensar que estas actividades ilegales, sin duda se verán incrementadas en el corto plazo, perjudicando aun más si cabe, a las empresas y a la Hacienda Pública.
Haciendo una comparativa temporal del número de empresas dedicadas a la Construcción e Instalaciones, en el año 2009 existían en la provincia de Soria un total de 538 que permitían dar empleo a 2.997 trabajadores. Actualmente en el sector, según los últimos datos de 2012, hay 446 empresas, (es decir se ha producido el cierre de 92 empresas), lo que supone un descenso porcentual del 17,10%, y un total de 2.278 trabajadores, (719 trabajadores menos) con un descenso porcentual del 23,99%.
Es obvio que la principal causa de este preocupante cierre de empresas es la crisis, pero ello se agrava con la creciente competencia desleal provocada por los intrusos, así como por la economía sumergida. Además es necesario decir, que actualmente muchas de las actuaciones de intrusismo profesional se vienen realizando por parte de los trabajadores en situación de desempleo del sector, o incluso por operarios activos de las propias empresas en jornadas no laborables.
El incremento de impuestos, especialmente del IVA, alienta la elección por parte del cliente final, de empresas ilegales para ejecutar las obras o instalaciones, pues es obvio que las empresas ilegales, no realizan ningún tipo de facturación, por lo que el cliente final, elude el pago del correspondiente IVA.
En este sentido, las empresas del sector perciben una clara desprotección puesto que consideran que desde las Administraciones competentes (Trabajo y Hacienda), no se toman las debidas medidas de lucha contra el intrusismo, puesto que la carga de control e inspección está dirigida exclusivamente a las empresas legalmente constituidas. En este contexto, hay empresas del sector que están comenzando a considerar como opción, pasarse también a la Economía Sumergida, y de este modo competirían con los ilegales e intrusos en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de presión fiscal o de control de las condiciones laborales.
Se estima que el 25% de las obras de rehabilitación y reforma en viviendas que se realizan en la provincia de Soria las llevan a cabo empresas y personal que no cumple con los requisitos legales exigidos. Esta pérdida de negocio para el sector asciende a más de 15.000.000 € al año. Hay que añadir que más del 35% corresponden a impuestos directos e indirectos (IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades y cuotas a la Seguridad Social), dinero que las arcas del Estado no van a recaudar.
Una alarmante situación que no puede en ningún caso seguir soportando el colectivo de pymes dedicadas a la construcción y a las instalaciones (Fontanería, Electricidad, Telecomunicaciones, etc.).
Por otra parte, con las cifras anteriores, se estima que con estas actividades irregulares, Hacienda está dejando de recaudar alrededor de 5 millones de euros por año, en el conjunto de la provincia de Soria.
Además las empresas ilegales no ofrecen ningún tipo de garantía al particular, afectando con ello la seguridad ciudadana, tanto en el ámbito de la integridad física como en el de la propiedad privada, dada la inexistencia de responsabilidades civiles o de otra índole, ante cualquier incidencia.
La falta de profesionalidad es otra de las carencias de las actividades realizadas por empresas ilegales, dado que quienes hacen las obras carecen de carnet profesional o de formación obligatoria para desarrollar trabajos específicos como instalaciones eléctricas, de fontanería o telecomunicación, con los consiguientes riesgos para el buen funcionamiento de las propias instalaciones.
Ante esta situación representantes de FOES, conjuntamente con representantes de las asociaciones del sector de construcción y afines, AECOP (Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria), AINFO (Asociación de Instaladores de Calefacción, Fontanería y Gas de la Provincia de Soria, APIES (Asociación Provincial de Instaladores Electricistas de Soria) y ACASO (Asociación Provincial del Acabado de la Construcción en Soria), mantuvieron en el día de ayer una reunión en la Subdelegación del Gobierno, en la cual se trasladó a la Subdelegada la preocupación del sector por el crecimiento desmesurado de las actividades ilegales en el área de construcción, electricidad, fontanería y pintura en la provincia de Soria.
Si la situación de intrusismo se mantiene, las empresas legalmente establecidas, se verán abocadas al cierre, con el consiguiente despido de trabajadores y aumento del paro.