Herrera presenta la Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado este viernes 19 en Valladolid la Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis en la Comunidad, una red integral que permita el abordaje de todo tipo de emergencias sociales a causa de situaciones de extrema necesidad, pero que también fomenta la inclusión de estas personas en el mercado laboral, garantizando así su espacio vital y apoyando la permanencia en sus viviendas.
Tras la reunión mantenida el pasado 17 de abril con representantes del Diálogo Social, del Tercer Sector, las corporaciones locales y los empresarios para abrir una línea de trabajo que permitiese 'tejer' e interrelacionar los diversos programas de Administración autonómica, para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, se hace realidad la puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, en un acto en el que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado un proyecto necesario para apoyar a las personas que más lo necesitan.
Así, las familias de Castilla y León en situación de vulnerabilidad afectadas por la crisis contarán desde hoy con una Red de Protección, que les dará una respuesta "integral" y "personalizada" a sus nuevas y crecientes necesidades, y lo va a hacer desde un triple ámbito: la prevención, la atención y la orientación hacia la inserción social y laboral.
Cada persona o familia necesitada dispondrá de su propio Plan de Intervención Personalizado, que, tras abordar su problemática de forma individual, le abrirá la puerta a todos aquellos recursos de la Red de Protección que le puedan servir, de forma simultánea o sucesiva, para aliviar su situación de precariedad y para lograr su inserción social y laboral.
La presentación de la Red ha tenido lugar en el marco de una jornada donde han participado todos los agentes implicados y en la que se han puesto en común los resultados de los diferentes grupos de trabajo que se constituyeron. La Red inicia su andadura con 19 programas, -de los que 15 eran servicios de intervención y atención ya consolidados y 4 de reciente implantación-, a los que acaban de incorporarse otros 4 más: prestación económica urgente para pagos de deuda hipotecaria, prestación económica urgente para pagos de alquiler, Plan de Empleo Extraordinario para perceptores de renta garantizada de ciudadanía, y empresa socialmente comprometida. En total, se alcanza la cifra de 23 programas y servicios aglutinados en la nueva Red, cuya previsión es atender a más de 100.000 posibles beneficiarios.
Durante su intervención, el presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado el trabajo de los grupos constituidos para el desarrollo de la Red, que ha dado lugar a un decálogo de actuaciones prioritarias. La primera es facilitar a todos los ciudadanos la información y el acceso a los recursos, lo que se hará a través del teléfono de información 012 y de los propios CEAS de las Corporaciones Locales.
La segunda, dar respuesta rápida y coordinada a las necesidades sociales de los ciudadanos de Castilla y León, para la que se ha buscado la participación e implicación de todos los agentes públicos y privados que desarrollan procesos de inclusión social.
La tercera, garantizar a todos los ciudadanos que los necesiten, la provisión de productos básico de primera necesidad.
La cuarta, garantizar especialmente a los menores de edad la atención de sus necesidades de una forma normalizada y no estigmatizante. La quinta, garantizar unos ingresos mínimos a las personas o familias afectadas por la crisis, lo que se conseguirá con la flexibilización y agilización de la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, además de con el incremente en su dotación económica recientemente aprobado.
La sexta actuación prioritaria responde a proteger el derecho de las personas a mantener su vivienda, para lo que se han establecido medidas extraordinarias de protección a través del programa integral de atención a familias en riesgo de desahucio.
La séptima ha sido facilitar el acceso a una vivienda a las familias con dificultades económicas, con medidas especiales dirigidas al fomento de ayudas al alquiler social entre los grupos más desfavorecidos, priorizando en aquellas familias que tengan a todos sus miembros en paro. La octava, mejorar la empleabilidad de las personas y familias afectadas por la crisis para favorecer su inclusión social.
Para ello se han puesto en marcha una serie de actuaciones específicas que permitan a las personas afectadas alcanzar una cualificación mínima, así como promocionar el autoempleo como forma de inserción, fomentar la formación profesional y fomentar el empleo a través de clausulas sociales y de medidas para la contratación de los colectivos vulnerables.
La novena, habilitar cauces para que la solidaridad de las personas y empresas con sus conciudadanos se lleve a cabo de forma ordenada y segura. Por último, la décima, la asunción por parte de la Junta de Castilla y León del liderazgo que permita la puesta en marcha de todas estas medidas, definiendo los protocolos de trabajo y realizando el seguimiento de las medidas adoptadas.
De todas estas actuaciones, la segunda, dar una respuesta rápida y coordinada a las necesidades sociales de los ciudadanos de Castilla y León, ha sido la que más consenso ha concitado entre los participantes en las diferentes mesas de trabajo, lo que da aún más valor a todas las demás, ya que para ello es necesaria la participación e implicación de todos: Mesa de Diálogo Social, Corporaciones Locales y Tercer Sector. En definitiva, el ámbito público y el privado trabajando en una misma dirección y de manera coordinada.
Este gran consenso se materializará con la aprobación de un Decreto Ley en los próximos días en el que se incorporarán las medidas que permitan dar respuesta a las propuestas de los grupos de trabajo y al reciente acuerdo con el Diálogo Social. Además, la Junta, asumiendo el liderazgo de esta Red, creará un Comisionado que se responsabilizará de impulsar la Ley y del correcto seguimiento de sus actuaciones y resultados.

Nuevos servicios para nuevas necesidades

La puesta en marcha de esta Red culmina la implantación de una serie de servicios que responden a las nuevas necesidades sociales. Así, en noviembre se cumplirá el primer año de la puesta en marcha del programa integral a las familias en riesgo de desahucio, que se lleva a cabo en colaboración con las corporaciones locales. Este servicio cuenta con 30 oficinas repartidas por toda la Comunidad, con cerca de 70 profesionales que han atendido a 1.257 familias, de las que 692 ya han finalizado la intervención con un porcentaje de éxito cercano al 85 %.
En marzo de este año se firmó un protocolo de colaboración para la distribución de alimentos con Cruz Roja y Banco de Alimentos para la puesta en marcha de un servicio urgente de distribución de alimentos a todas las familias necesitadas. A día de hoy, el 012 ha atendido más de 1.600 peticiones.
Además, se está promoviendo el desarrollo específico del Programa de acogimientos familiares, que está permitiendo dar respuesta al incremento (del 5 %) de los casos graves en los que hay que asumir la tutela de los más pequeños, y que representan ya el 75 % del total de menores protegidos en Castilla y León.
A través de las nuevas cláusulas sociales en la contratación administrativa, se está promoviendo la inserción social y laboral de las personas beneficiarias de la Red de Protección, con especial atención a las personas con discapacidad. En el presente año se han incorporado cláusulas sociales a contratos públicos que suponen el 54,3 % de la cuantía total adjudicada por la Junta de Castilla y León y el 8,77 % se han reservado a centros especiales de empleo, aun cuando la previsión para todo el año era del 6, 5 %.
Recientemente, y ante la situación de crisis, se ha firmado un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social para flexibilizar el acceso a la renta garantizada de ciudadanía, que está previsto que atienda a 28.000 usuarios en 2014, y se han incorporado dos medidas extraordinarias dirigidas: una de ellas, a dar apoyo económico para atender de forma temporal los gastos derivados de los préstamos hipotecarios de las familias con todos sus miembros en paro, de forma que puedan destinar la cuantía libre disponible a atender sus necesidades básicas de subsistencia y evitar perder la vivienda; y la otra, a atender a aquellas unidades familiares que se encuentren en riesgo de desahucio de su vivienda habitual en régimen de arrendamiento, o no puedan acceder a una vivienda en alquiler, por falta de medios económicos.
Muy pronto se regulará y reconocerá la implicación social de las empresas y entidades públicas o privadas que desarrollen actuaciones dirigidas a favorecer la igualdad e integración socio-laboral de las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, como empresas socialmente comprometidas.
Finalmente, con el fin de lograr la inclusión social de las familias afectadas, pero conscientes de que esa integración se logra mejorando la empleabilidad, se ha generado un crédito presupuestario de 10 millones de euros que permitirá financiar cerca de 2.000 puestos de trabajo para los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y a la vez facilitar su acreditación de competencias. Estas acciones se materializarán en una convocatoria pública que se publicará antes de finalizar el mes.