La administración regional está enviando cartas a los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias, dándoles la posibilidad de que suscriban un préstamo con diferentes entidades bancarias si quieren que se les anticipe la subvención aprobada desde hace más de dos años, para así afrontar las inversiones de mejora de las estructuras productivas.
Así lo denuncia la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG. "Esto se produce al carecer la Consejería de Agricultura y Ganadería de tesorería necesaria para afrontar estos pagos", denuncian las organizaciones. Aclaran que las condiciones impuestas a estos préstamos del anticipo, que hasta ahora ha sido una subvención directa, conlleva una comisión de apertura del 3,75%. Esto implica que aún siendo cero el tipo de interés, los beneficiarios de estas subvenciones directas verán reducidas las aportaciones de la Junta de Castilla y León en un 3,75%.
"Se trata de un recorte injusto, ya que a quien le correspondería pagarlo es a la Consejería de Agricultura por no abonarlo en el periodo correspondiente", afirma la Alianza. "Las entidades que anticipan estas ayudas, además de cobrar ese porcentaje están exigiendo la domiciliación de la PAC, de seguros agrarios y ganaderos, tarjetas…, etc, y si en el plazo de nueve meses la Junta no hace el ingreso correspondiente, serán los agricultores y ganaderos quienes deban devolver la cantidad prestada", añade.
La Alianza UPA-COAG denuncia que esta "imposición impide la libertad de operar con las entidades con la que tradicionalmente vienen haciéndolo los profesionales del sector. Nuestra organización manifestó en el mes de noviembre, al director general de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones, el desacuerdo por reconvertir ayudas directas en préstamos, y por no hacerse cargo del coste del 3,75% que deberán asumir los beneficiarios de forma injusta. En todo caso, es la Consejería de Agricultura la responsable de la demora entre dos y tres años desde que se certificó el pago de las inversiones realizadas".