La Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG, ha denunciado este miércoles 28 de noviembre lo que consideran como enorme diferencial de precios “que se ha vuelto a producir esta semana entre los precios en origen –los que se pagan al productor- y los precios en destino -los abonados por el consumidor”.
A tal fin se refirieron ala tabla que recoge todas las semanas la Alianza junto a la Unión de Consumidores y que se viene haciendo pública desde hace años. Dicha relación recoge diez productos agroalimentarios, y en la misma se ha detectado que “en algunos casos esta diferencia ha superado esta misma semana el 800 %, lo que calificamos como una auténtico escándalo”, denunciaron.
Por este motivo, ambas organizaciones agrarias indicaron que una vez más “se ha desenmascarado” ante la sociedad a los intermediarios comerciales “que se llevan escandalosos márgenes con los productos agrícolas y ganaderos”. Así, incidieron en “los precios abusivos que se pagan actualmente y que nada tienen que ver con los percibidos por los productores, ya que en algunos casos llegan a multiplicarse por diez respecto a los precios en origen”.
Ante esta situación, desde la Alianza pusieron de manifiesto sus “muchas dudas” sobre el anteproyecto de la Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria, cuya elaboración por parte del Gobierno se ha desarrollado “sin consenso alguno con las organizaciones agrarias”. Con ello, mostraron su desconfianza en que tal reglamento “sea la solución porque nace cojo al no prohibir las prácticas abusivas ni regular las relaciones contractuales entre las partes”, apuntaron.
De igual modo, dijeron echar en falta que dicha legislación “no refuerce el poder de negociación de los agricultores y ganaderos y por lo tanto no contenga un régimen sancionador para evitar que la gran distribución imponga sus condiciones a los productores y `ahogue´ a los consumidores”.
En todo caso, desde la Alianza recordaron que en una situación de crisis económica generalizada que sufre el conjunto de la población, “y ante los bajos precios que perciben los agricultores y ganaderos, debe ser el Gobierno central quien tome decisiones valientes para poner fin a las prácticas comerciales abusivas. De este modo, la sociedad podrá acceder a productos agroalimentarios de primera necesidad a precios asequibles”. Con todo, avisaron que siguen trabajando para exigir que se mejore sustancialmente la ley sobre esta materia durante el proceso de consulta pública y trámite parlamentario.