La Alianza UPA-COAG ha presentado una amplia batería de alegaciones al Anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León, al considerar que, pese a reconocer el carácter estratégico del sector agrario, adolece de una orientación clara a favor de los agricultores y ganaderos a título principal y del modelo social agrario, "mayoritario en nuestra comunidad autónoma", indica la Alianza.
Algunas de las alegaciones hacen mención a la llamativa ausencia de la definición del agricultor o ganadero a título principal (ATP) en el articulado, cuando su defensa ha sido el eje central de las propuestas apoyadas por el sector agrario en las recientes elecciones a cámaras agrarias. Al respecto, la Alianza expresa su preocupación porque se pongan en igualdad de condiciones en este Anteproyecto de Ley a los “productores de sofá o inmobiliarias, con los verdaderos ATP".
La Alianza pide que el sector agrario sea considerado estratégico, pero que se le dote de mecanismos reales y eficientes, para que esta petición no sea utilizada con intenciones propagandistas, y sí se convierta en una realidad, pues no en vano el sector agrario y la industria agroalimentaria es un motor de actividad económica en los núcleos rurales.
También, la organización ve conveniente que el texto recoja el modo de coordinar Agricultura con otras consejerías, de las que depende también la actividad diaria de los productores agrarios, como pueden ser Fomento y Medio Ambiente o Hacienda, entre otras.
A la Alianza UPA-COAG le llama la atención que este anteproyecto de ley no contenga una memoria económica, que pueda dar soporte y credibilidad al conjunto de los objetivos que se persiguen (incorporación de jóvenes, reconocimiento y fomento del papel de las mujeres, formación de los profesionales o I+D+i, entre otros), teniendo en cuenta que la disposición de recursos económicos será fundamental para un eficaz desarrollo de los mismos. En caso contrario, se convertirá en un mero ejercicio de voluntarismo político sin consecuciones prácticas para el desarrollo de las explotaciones agrícolas y ganaderas en Castilla y León.
También ha presentado alegaciones encaminadas a modificar sustancialmente la pretensión que recoge el anteproyecto, en relación a las aportaciones económicas del sector privado, en materia de infraestructuras agrarias y concentración parcelaria.
Además, en el documento presentado por la Alianza, ponemos especial hincapié en que se logre una distribución justa y eficiente de los costes y beneficios de la cadena de valor, en favor de los agricultores y ganaderos castellano-leoneses (precios justos para el productor). Por ello, se valora la creación de la figura del Defensor de la cadena agroalimentaria y la posibilidad de crear organizaciones interprofesionales agroalimentarias cuyo ámbito sea la Comunidad de Castilla y León.