Con motivo de la presentación del informe ‘Análisis de los regímenes de ayuda en el sector ovino español 2006-2012–Estrategias a impulsar’, las organizaciones agrarias COAG y UPA y cooperativas agroalimentarias han presentado este miércoles 3 de abril al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un documento conjunto en defensa de la ganadería extensiva española.
Bajo el título, ‘La fragilidad de la ganadería extensiva ante la nueva PAC 2014-2020’, el informe recoge seis propuestas de futuro para el sector, con el objetivo de que se tomen en consideración en el proceso negociador de la futura PAC.
La primera de ellas, alude al pago básico, que explican la obligatoriedad en que el receptor de la ayuda a superficie se corresponda mayoritariamente con pastos, tenga asociado a dicha superficie una carga ganadera mínima por hectárea de pastos que establezca el Estado miembro de la UE. En segundo lugar apuntan a que la ganadería extensiva debería considerarse como “verde por definición” dentro de un eventual componente verde de los nuevos pagos directos, tanto para los ganaderos con pastos propios o arrendados como para aquellos perceptores que, a través de algún tipo de vinculación contractual, cedan para dicha práctica las superficies de su propiedad declaradas en su solicitud de ayuda.
En el tercer apartado piden que la ganadería extensiva debería considerarse prioritaria en la percepción de los pagos acoplados, ya que según explicaron “reúne los requisitos necesarios que recoge la futura PAC, y nuestro país debe aspirar a conseguir el máximo porcentaje de pagos asociados dentro del sobre nacional (15%)”.
A continuación se reseña el pago para zonas con limitaciones naturales, en función del cual España debe asumir este tipo de pago con el objeto de compensar a la ganadería extensiva ubicada en zonas Red Natura (27 % de nuestro territorio), a las zonas de montaña y a otras zonas con protección ambiental o limitaciones naturales. Consideramos que la ganadería extensiva ejerce un papel primordial en el mantenimiento de los recursos naturales, la gestión territorial y la prevención de incendios, “por lo cual debe ser el objetivo prioritario de este tipo de ayudas”.
Ya en el cuarto apartado, el documento presentado al ministerio que encabeza Miguel Arias Cañete se hace referencia al desarrollo rural, un capítulo donde se preconizan medidas con carácter obligatorio en todo el Estado destinadas a la ganadería extensiva por su contribución a la gestión sostenible del territorio, la conservación de sus recursos naturales, “de modo que se reconozcan los beneficios que estas prácticas ganaderas aportan al medioambiente”. Concluyendo, el último punto, significan que la definición de las actuaciones debe tener en cuenta las específicas condiciones socio-productivas de los territorios insulares.