El Sindicato de Enfermería, SATSE de Castilla y León ha denunciado este martes 28 de mayo que la Consejería de Sanidad no ha puesto en marcha la Directiva Europea sobre Prevención de lesiones por objetos cortopunzantes ni se ha transpuesto al ordenamiento jurídico español y autonómico. La Directiva entró en vigor de facto el 11 de mayo.
Ante esto, indicaron desde la agrupación sindical que “sorprende el anuncio de la celebración este martes en el Hospital Río Hortega de Valladolid de una jornada de Bioseguridad organizada por la Consejería y UGT con motivo de la transposición al Derecho Español de la Directiva Europea sobre Prevención de lesiones por objetos cortopunzantes”. Un acto cuya apertura corre a cargo del consejero del ramo, Antonio Sáez Aguado, “cuando se ha obviado esa normativa europea y no se ha realizado dicha transposición a la normativa española, ni se han adoptado las medidas correctoras y establecidas en la Directiva Europea, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores que trabajan en la sanidad de Castilla y León”, apuntaron”, añadiendo que los profesionales de enfermería son quienes más lesiones sufren por este motivo, seguidos de los médicos.
Así, desde SATSE criticaron que ni se ha hecho la transposición a nivel nacional por parte del Gobierno de España, ni a nivel autonómico, por lo que ambos gobiernos “han hecho dejación de sus funciones en cuestiones importantes como es la salud y la prevención de riesgos laborales de los trabajadores sanitarios”. Igualmente indicaron que “además de no haber tenido en cuenta que con estas medidas que plantea Europa se puede ahorrar un elevado presupuesto al disminuir las lesiones del personal que usa estos objetos”. Entre las medidas que establece la Directiva Europea y que no se han puesto en marcha en su totalidad están el uso de material de bioseguridad (agujas y sistemas de punción), contenedores para su desecho, adhesivos y cartelería informativa y de aviso, campañas divulgativas entre los profesionales, etc.
“Estas medidas no sólo suponen una garantía de seguridad y prevención de riesgos para los trabajadores de la sanidad pública sino que son de obligado cumplimiento para los centros sanitarios privados y es la Consejería de Sanidad la que debe velar por que se cumplen, algo que tampoco se ha hecho”, concluyeron.
Además, estas medidas inciden determinantemente en la atención que se presta a los pacientes y contribuyen a evitar accidentes y transmisiones de enfermedades a los usuarios de los centros sanitarios, algo que tampoco debe haber sopesado la Consejería de Sanidad.