El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior, vinculado al artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía, que garantiza a los castellanos y leoneses que residen en el exterior el acceso a sus derechos, promueve las condiciones necesarias para facilitar su retorno y posterior integración en la sociedad, y regula las comunidades castellanas y leonesas asentadas en el exterior.
La aprobación de esta Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior es una prioridad para el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura y, a su vez, con ella se cumple con un mandato explícito reflejado en el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía. El objeto del proyecto de ley, contemplado en su título preliminar, es garantizar el acceso a los derechos, que les reconoce el ordenamiento jurídico vigente, a los ciudadanos castellanos y leoneses residentes fuera de la Comunidad, facilitar su retorno y posterior integración en la sociedad de Castilla y León y regular las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y sus federaciones. El proyecto de ley consta de 35 artículos distribuidos en 5 títulos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.
La futura ley reconoce el origen castellano y leonés a los ciudadanos que residan fuera de la Comunidad que hayan nacido en Castilla y León, o que al menos durante diez años continuados hayan residido en la Comunidad, o que sean descendientes de los anteriores. Asimismo, el proyecto de ley reconoce como castellanos y leoneses en el exterior a aquellos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Castilla y León así como a sus descendientes.
El proyecto de ley garantiza a estos ciudadanos el derecho a participar en la vida social y cultural de la Comunidad, facilitando su conocimiento de la organización territorial, funcionamiento institucional, estructura económica y social, demografía, naturaleza y cultura de Castilla y León, así como de sus valores esenciales. Además, en el texto se recoge la garantía de su derecho a participar en la vida pública y en la vida política de Castilla y León. Por ello, los poderes públicos deben facilitar a estos ciudadanos la participación efectiva en los asuntos de Comunidad a través del ejercicio de los derechos que les correspondan en las elecciones legislativas, deben facilitar su derecho a presentar iniciativas legislativas en las Cortes de Castilla y León, el acceso al Procurador del Común o a presentar peticiones a las instituciones y Administraciones Públicas.
A su vez, el proyecto de ley reconoce el modelo de Gobierno Abierto como cauce de participación en las decisiones políticas, o en el desarrollo de iniciativas compartidas, así como instrumento de información sobre las tareas, gestión y planes de actuación del Gobierno autonómico.
El derecho a la salud, a la asistencia social y la igualdad de oportunidades de los castellanos y leoneses en el exterior también se recoge en este texto aprobado hoy. En este punto se regula la promoción de la protección de la salud con actuaciones destinadas a mejorar las condiciones sanitarias y el acceso a la asistencia, con especial atención a las personas que se encuentren en situación de especial necesidad. A su vez, promueve el acceso de los jóvenes a los programas que favorezcan la participación activa de la juventud en la sociedad y su formación.
El proyecto de ley contempla la educación y el empleo como ámbitos de relevancia. En el texto se recoge la promoción del acceso de los castellanos y leoneses en el exterior a la educación en sus distintos niveles en su país de residencia, a la educación a distancia o a programas de formación dirigidos a facilitar su inserción laboral.
INTEGRACIÓN DE LOS EMIGRANTES
Para la Junta de Castilla y León resulta un objetivo prioritario facilitar tanto el retorno a la Comunidad de aquellos ciudadanos castellanos y leoneses que lo deseen como su integración social y laboral en ella. Entre otras cuestiones dirigidas a los emigrantes retornados, la futura ley establece que con carácter general no se exigirá el requisito de residencia previa mínima en la Comunidad a los emigrantes o retornados en el acceso a prestaciones y servicios, cuyo fin sea la integración socioeconómica, educativa o cultural.
En el texto aprobado hoy en Consejo de Gobierno también se regula la necesaria coordinación de las actuaciones que las administraciones y entidades lleven a cabo a favor de los castellanos y leoneses residentes en el exterior. Por ello, regula la existencia de un órgano autonómico cuyas funciones deben ser la coordinación, participación, asesoramiento e información en materia de emigración, y en cuya composición deberán estar representadas las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y el colectivo de emigrantes retornados.
Este proyecto de ley reconoce también como comunidades castellanas y leonesas en el exterior a aquellas asociaciones legalmente reconocidas cuyos fines sean el mantenimiento de lazos culturales, sociales o identitarios con Castilla y León, sus gentes, su historia y su cultura. Asimismo, se les reconoce como un instrumento de colaboración con los poderes públicos en su labor de facilitar a los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior información y asesoramiento para el ejercicio de sus derechos, así como para el acceso a los programas de carácter social y cultural promovidos por la Comunidad. Las comunidades tendrán también un papel principal de fomento de la cultura y tradiciones de Castilla y León. La entrada en vigor de esta norma conllevará la creación de un registro de la ciudadanía castellana y leonesa de origen y de los ciudadanos retornados que, de manera voluntaria, quieran inscribirse.
Para la elaboración de este proyecto ley se ha contado con la participación de todas las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, así como del resto de miembros del Consejo de la Emigración de Castilla y León. Es el resultado del firme compromiso de la Junta de Castilla y León con la ciudadanía castellana y leonesa residente en el exterior, tal y como quedó reflejado en el Plan Integral de Apoyo a la Ciudadanía 2009-2012.
Actualmente, existen 133 comunidades castellanas y leonesas reconocidas por la Junta, de las cuales 31 están en el extranjero y el resto en otras comunidades autónomas. El número de castellanos y leoneses residentes en el extranjero es de 145.968, de los que 45.344 viven en Argentina, 6.541 en Brasil, 6.285 en Cuba, 6.292 en México, y el resto en Europa, según los datos del padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) a 1 de enero de 2013.