El Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio acompaña al ciudadano, de forma individualizada, en todas las fases del proceso: aborda el problema desde la raíz, con medidas preventivas, busca soluciones paliativas y actúa de intermediario con las entidades financieras para tratar de que no se produzca el lanzamiento y la pérdida de la vivienda.
De noviembre a abril de este año, los 80 profesionales que trabajan en este servicio en la Comunidad han atendido a 843 familias que corrían el riesgo de perder su vivienda habitual o presentaban serios problemas de sobreendeudamiento que les impedía afrontar el pago de la hipoteca.
Todas esas familias, después de llamar al teléfono de información de la Junta 012, fueron derivadas hacia los profesionales de las 30 oficinas habilitadas en las corporaciones locales, que les prestaron atención y asesoramiento, y realizaron un análisis pormenorizado de la situación de la unidad familiar desde la óptica económica y la social. Prácticamente en el 27,5 % de los casos, como complemento, diseñaron un plan de economía familiar para sanear sus cuentas. Y es que la 'clave' está en la prevención y en acudir al servicio antes de que se produzca el primer impago de la hipoteca.
Cada una de esas familias requirió de media entre tres y cuatro entrevistas con los técnicos de las corporaciones locales para recabar toda la documentación y preparar el expediente. Además de prestar ese asesoramiento, los técnicos valoran el riesgo de exclusión y las necesidades que contar con apoyos u otros recursos para paliar o mitigar su situación. El objetivo es poner a disposición de las personas sobreendeudadas un conjunto de medidas, preventivas y también paliativas, para evitar en la medida de lo posible que la precaria situación económica desemboque al final en un desahucio.
Así, los profesionales optaron por derivar al 36,6 % de las familias atendidas (en total 308) hacia las prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales de Castilla y León, o bien les derivaron hacia políticas de búsqueda de empleo o de una vivienda alternativa, hacia los servicios de salud o incluso les orientaron hacia la asistencia jurídica gratuita. En algunos casos, una familia pudo requerir más de una atención especializada.
De las 308 familias derivadas hacia la intervención, 190 familias lo fueron hacia los Servicios Sociales, activándose así la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia social o programas de intervención familiar. 73 contaron con el apoyo de las entidades del Tercer Sector, como complemento, y a otras 85 se les dirigió hacia los servicios de empleo para mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo, actualizar su perfil o solicitar la Renta Activa de Inserción.
En 25 casos se les recomendó que acudieran al sistema de salud y en 18 se comenzaron a buscar alternativas de vivienda. 117 familias, que cumplían los requisitos, fueron orientadas hacia la asistencia jurídica gratuita.
355 CASOS CONCLUIDOS EN SEIS MESES
Aunque todavía ha transcurrido escaso tiempo desde la puesta en marcha del servicio, 355 expedientes ya se han concluido, es decir algo más del 42 % de los casos abordados. De ellos, un 91 % (323 casos) se ha resuelto.
En 273 de esos casos no ha sido necesario llegar a la interlocución con las entidades financieras. Para lograrlo ha sido fundamental el trabajo y el esfuerzo realizado por los profesionales de las corporaciones locales que trabajan en este servicio.
Sin embargo, en los casos en los que hay riesgo real de impago o ya hay impagos, se activa, si así lo desea la familia, la intermediación de los profesionales de la Gerencia Regional de Servicios Sociales con las entidades financieras. En estos primeros seis meses, en 50 casos el acuerdo se ha alcanzado después de que los trabajadores de la oficina central trabajaran con las entidades financieras para buscar una salida. Ellos se encargan de estudian las variables (contrato del préstamo, deuda pendiente, intereses, plazos, estado de los pagos…) y negociar un plan de reestructuración de la deuda que posibilite la obtención de un acuerdo entre la familia y la entidad financiera. Esa interlocución puede prolongarse durante aproximadamente dos meses.
La principal solución encontrada ha sido la reestructuración de la deuda, ya sea mediante aumentos del plazo del préstamo, reunificación de las deudas, disminución del tipo de interés, quitas, carencias… A esta solución han llegado 33 familias (el 66 % de los casos resueltos con interlocución). En 12 casos se acordó la dación en pago (siempre con la quita de la deuda) y en otros cinco se logró el acuerdo de no lanzamiento, aunque la vivienda ya hubiera pasado de la familia al banco.
Por el contrario, 32 casos se han cerrado sin acuerdo entre la entidad financiera y el usuario.
Hasta el momento la interlocución se ha realizado con las once entidades financieras que se han adherido al Servicio Integral de Apoyo a las Familias de Riesgo de Desahucio, pero también con otras 23 que, sin haberse adherido, han entrado en la dinámica de la interlocución con la Gerencia Regional de Servicios Sociales. En definitiva, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha mantenido un cauce de comunicación con 34 entidades financieras.