La Junta impulsa una red de protección para personas y familias necesitadas

Así, cada persona o familia necesitada dispondrá de su propio Plan de Intervención Personalizado, que le abrirá la puerta a todos aquellos recursos de la Red de Protección que le puedan servir, de forma simultánea o sucesiva, para aliviar su situación de precariedad y para lograr su inserción social y laboral.
   La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha realizado este anuncio minutos antes de iniciarse una reunión -encabezada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera-, fijada para implicar a los agentes económicos y sociales representados en el Consejo del Diálogo Social, el Tercer Sector, las corporaciones locales y los empresarios en el diseño de esta red integral. Un encuentro celebrado este miércoles 17 de abril.
   A todos ellos, Herrera les ha propuesto abrir una línea de trabajo para ‘tejer’ un circuito para que las familias cuenten con la ayuda que precisan en cada momento para abandonar su situación de vulnerabilidad. Para ello, es necesario analizar, interrelacionar y coordinar, antes del mes de junio, los 19 programas de prevención, de atención y de inserción social y laboral que ha ido poniendo en marcha el Ejecutivo Autonómico desde 2011 y sobre los que hay que trabajar ante a la situación de algunas familias en estos momentos.
   El objetivo es crear un “macrosistema de protección” de las familias que se convierta en seña de identidad de Castilla y León, y lograr entre esos agentes públicos y privados optimizar, revisar y adaptar los recursos, así como interrelacionar programas, fusionar, agregar o definir nuevas líneas de trabajo que resultan prioritarias para paliar situaciones de vulnerabilidad social de las familias.
   Como ha destacado Marcos, se trata de “sumar esfuerzos y generar sinergias entre el sector público y el privado” para integrar todos los recursos, servicios, prestaciones y dispositivos destinados a la lucha contra la exclusión social y la integración social y laboral de las familias afectadas por la crisis económica. “Sólo así se logrará”, en palabras de la consejera, “dar una respuesta única a quien más lo necesita, empezando por proporcionarle medidas preventivas, continuando por la atención a sus necesidades, para finalizar por facilitarle herramientas que le permitan encontrar un empleo, como mejor fórmula para salir de la situación de vulnerabilidad”.
GRUPOS DE TRABAJO PARA VINCULAR LOS PROGRAMAS DE LA JUNTA
Para comenzar a diseñar y coordinar este novedoso sistema de protección, al que se le dará forma administrativa para su creación, funcionamiento y consolidación, la Junta de Castilla y León pone sobre la mesa los 19 programas que ha ido implantando para ayudar a las familias que peor lo están pasando con la crisis.
   A partir de este momento, se crearán grupos de trabajo en los que se analizarán los puntos fuertes y débiles de esos programas pero, sobre todo, se definirá cómo se interrelacionan todas esas políticas para lograr ayudar a las familias de una forma integral. Formarán parte de esos grupos de trabajo la Administración Autonómica, los agentes sociales y económicos -representados en el Diálogo Social-, el Tercer Sector, las corporaciones locales y los empresarios. Tendrán de plazo hasta el mes de junio para perfilar esta Red de Protección.
   Cinco de esos 19 programas corresponden al ámbito preventivo: Información y asesoramiento a familias en riesgo de exclusión social, elaboración de planes de economía familiar, el programa de Apoyo a las familias e Intervención Familiar, los programas de infancia y la información laboral. Seis son programas de atención directa: Renta Garantizada de Ciudadanía, Ayudas de Emergencia Social, Red de Distribución de Alimentos, alojamiento alternativo y de urgencia, Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y programas de atención inicial y acogida a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
   Y por último, siete programas están orientados a la inserción social y laboral: programa personal de integración y empleo (PIE), programas de orientación y asesoramiento sociolaboral, así como programas de formación para el empleo, de apoyo al autoempleo, fomento del empleo para la contratación de personas en situación de exclusión social. A estos hay que sumar el paso dado a mediados del año pasado por la Junta para adjudicar contratos que incluyan cláusulas sociales que favorezcan el empleo de los colectivos más vulnerables, o el reconocimiento de empresas de Economía Social.
El acceso a toda esta Red de Protección se realizará, de forma adicional y complementaria a los servicios existentes (Centros de Acción Social, gerencias territoriales de Servicios Sociales, Empleo…), a través del Teléfono 012 de Atención al Ciudadano, de la Junta de Castilla y León. Sus profesionales proporcionarán orientación básica sobre la existencia de esta red y derivarán al usuario al recurso que mejor responda a sus necesidades, con independencia de qué administración pública o entidad del Tercer Sector vaya a prestarle el servicio.
LOS ACTORES PROTAGONISTAS DE LA RED DE PROTECCIÓN
Los agentes sociales y económicos, representados en el Consejo del Diálogo Social, desempeñarán un papel relevante en el desarrollo de este gran proyecto de Comunidad, de la misma forma que ya vienen colaborando activamente en la estructura de los Servicios Sociales y participando en proyectos como la Renta Garantizada de Ciudadanía o las Ayudas de Emergencia Social.
   La Junta de Castilla y León considera que resulta fundamental que participen también en el diseño de la Red las corporaciones locales y el Tercer Sector, por ser parte esencial en la articulación del Sistema de Servicios Sociales y gestores de numerosas de las prestaciones que se incluirán en la Red (actividades de prevención, ayudas de emergencia social, rentas mínimas, Red de atención a las personas en riesgo de desahucio o la Red de Distribución de Alimentos). Y también resulta necesario, según la consejera Milagros Marcos, que los empresarios se comprometan con la protección social y prioricen en la contratación de los castellanos y leoneses más afectados por la crisis económica, así como que participen en el Fondo de Solidaridad.
AVANCE EN LAS AYUDAS A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD
La consejera ha recordado que Castilla y León figura entre las comunidades autónomas pioneras a la hora de generar nuevos derechos y ayudas para prevenir la pobreza, favorecer la inserción laboral y preservar el grado de cohesión social. Entre ellos ha citado la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio o la Red de Distribución de Alimentos.
   Esta anticipación ha contribuido en parte a que la situación de la Comunidad “no resulte tan preocupante como en el resto de España”, según Marcos. Como ejemplos, la consejera ha citado que la tasa de privación material severa se sitúa en España en el 3,9 %, frente al 1,8 % en Castilla y León, o que el riesgo de pobreza infantil, según datos de UNICEF, es del 22,4 % en la Comunidad, dos puntos menos que la media de España.
   Sin embargo, existen indicadores que impulsan al Gobierno autonómico a actuar y a dar un paso más para ayudar a las familias que están atravesando una situación complicada. No en vano, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicadas por el INE, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en Castilla y León en el 23,5 %, o el 3,4 % de las familias tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal -cuatro puntos por debajo de la media nacional- y el 5,4 % presenta muchas dificultades para llegar a fin de mes.
ASISTENTES A LA REUNIÓN
A la reunión han asistido, además del presidente de la Junta y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, junto a los demás integrantes del Consejo de Diálogo Social: Ángel Hernández, secretario regional de CCOO; Agustín Prieto, secretario regional de UGT; y Santiago Aparicio, presidente de Cecale. Por parte de los empresarios también han acudido el presidente regional del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, Fernando Escobillas, y la vicepresidenta de Empresa Familiar, Rocío Hervella.
   Asimismo, han asistido el presidente de Cruz Roja de Castilla y León, José Varela, en representación del Tercer Sector; el presidente de Cáritas nacional, Rafael del Río, y de Cáritas regional, Fernando Carrasco; el presidente del Banco de Alimentos de Castilla y León, Godofredo García; el presidente de la Red de Pobreza (EAPN), Daniel Duque, y el presidente de Unicef de Castilla y León, Luis María Delgado, así como el presidente del Cermi Castilla y León, Francisco Sardón, y el presidente de Repcyl (Red de Reforma y Protección de Menores), Justino Santiago.
   En representación de las corporaciones locales, Miguel Ángel García Nieto, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, al que han acompañado el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, el presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero.
   En la reunión ha habido presencia de miembros del ámbito profesional, un representante de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, y el presidente de la Unión Profesional de Castilla y León, Eduardo Montes.