La finalidad de este nuevo modelo, tal y como se ha explicado a los asistentes, es buscar la sostenibilidad económica en las reservas regionales de caza, como instrumento necesario que permita su mantenimiento. La Junta cree firmemente en las reservas regionales de caza y entiende que, en un balance global, han sido un éxito: han mejorado notablemente la calidad cinegética de sus terrenos, han generado puestos de trabajo, han ayudado al desarrollo rural de nuestros pueblos de montaña y, más allá, han supuesto una mejora ambiental y socioeconómica global en las comarcas donde se crearon, asegura la Junta de Castilla y León.
En la reunión, que ha estado presidida por el delegado territorial de la Junta, Manuel López Represa, se ha informado a los representantes de los ayuntamientos afectados, de los propietarios y cazadores, sobre las principales premisas de la propuesta diseñada para que estas sean trasladadas al conjunto de los ayuntamientos que forman parte de la reserva y abrir un periodo en el que puedan realizarse aportaciones y sugerencias por las partes implicadas. Han estado presentes en la reunión el coordinador de Servicios de la Dirección General del Medio Natural, Javier Muñoz, y el jefe de la Sección de Gestión Cinegética, Jesús Molina.
Pero aunque la valoración de lo realizado hasta ahora es muy positivo para la Junta, la dirección general considera que de la actual configuración del modelo de gestión de las reservas regionales de caza se puede extraer una serie de conclusiones, que hacen necesario un nuevo tipo de gestión, al entender que el actual modelo se ha vuelto insostenible, que es socialmente injusto, que da poca participación a los propietarios y que no optimiza la gestión.
El cambio propuesto en el nuevo modelo, según se ha informado a la junta consultiva de la Reserva de Urbión (y por carta previa a todos los ayuntamientos y propietarios), debe basarse en el acuerdo entre los propietarios (tanto públicos como particulares) y la Junta de Castilla y León. Evidentemente, en caso de desacuerdo, los propietarios podrán proponer su salida del modelo, con la condición de que la salida de algunos de ellos no comprometa la coherencia o integridad de la reserva ni condicione al resto de propietarios que quisieran continuar perteneciendo a la misma, y siempre que (individualmente o en asociación con propietarios limítrofes) titularicen una superficie suficiente para constituirse en cotos privados de caza.
Pertenecer a una reserva debe ser, en lo posible, una cuestión voluntaria, siempre que se respeten las decisiones mayoritarias y no se ponga en peligro la coherencia del propio sistema, según considera la Junta.
Las reservas se cogestionarán entre la Junta de Castilla y León y los propietarios: sobre la primera recaerá el peso de la gestión técnica, aportando sus técnicos, guardería y medios materiales actuales y, sobre los segundos, la gestión económica (enajenación del recurso, contratación de cierto personal, control de determinadas inversiones a efectuar …).
Se incide también en la diversificación, fomentando otras actividades complementarias a la caza (turismo en la berrea, turismo fotográfico de lobos, rebecos, turismo ornitológico, taxis de montaña, venta de carne de caza, etc.), a través del apoyo a los propietarios y a las iniciativas que los yacimientos de empleo locales quieran plantear, y en la internacionalización, apoyando a los a los propietarios a mejorar la comercialización, especialmente logrando llegar a los mercados internacionales de caza en países altamente exigentes de este recurso (Estados Unidos, Federación Rusa, China, Oriente Medio, …).
La Junta de Castilla y León seguiría asumiendo la titularidad cinegética y aportaría su personal propio (técnicos, celadores y agentes medioambientales) para la gestión técnica y la vigilancia. Es decir, el nuevo modelo no supondría una merma de efectivos respecto al personal aportado por la administración autonómica. Asumiría una parte de los gastos de gestión y responsabilidad patrimonial de la reserva, complementando las disponibilidades del Fondo de Gestión.
Los propietarios podrían organizarse mediante “asociaciones de propietarios” con personalidad jurídica propia; adjudicarían toda la caza, con total autonomía; protagonizarían las acciones de diversificación de actividades relacionadas con la reserva (turismo de naturaleza); gestionarían total o parcialmente el Fondo de Gestión, etc.
La Dirección General del Medio Natural es consciente de que la puesta en marcha de este nuevo modelo requerirá un tiempo de implantación, especialmente de tipo normativo y administrativo.