El Gobierno autonómico comparte los principios que inspiran este anteproyecto de ley de suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria y de clarificación de las competencias locales -que constituyen además un mandato constitucional- y apuesta por la defensa del municipalismo, que es una característica singular de Castilla y León.
Este proceso reformista es especialmente importante en Castilla y León, la comunidad autónoma más afectada de España, ya que cuenta con un territorio de 94.226 km2 y una población de 2.546.078 habitantes distribuidos en 9 provincias; una tercera parte de las diputaciones provinciales de régimen común; 2.248 municipios -el 27 % de la totalidad de los municipios españoles-; 2.227 entidades locales menores -dos tercios del total de las entidades menores de España-; y una cuarta parte del total de las mancomunidades de municipios. De los 2.248 municipios castellanos y leoneses, 2.190 municipios tienen menos de 5.000 habitantes, un 97,42 %.
Para cumplir con el mandato constitucional y dadas las especiales características de Castilla y León, desde la Junta se está promoviendo una herramienta que permita ser a los entes locales eficaces y eficientes para poder prestar unos mejores servicios a los ciudadanos, especialmente a los del medio rural, y que se ha contemplado en el nuevo modelo de Ordenación del Territorio cuyo anteproyecto de ley se halla en el Consejo Consultivo de Castilla y León.
Una de las principales carencias que ha encontrado la Junta de Castilla y León en el anteproyecto de ley estatal es que apenas se contemplan alternativas para los municipios que no cumplan con los criterios exigidos de eficiencia y sostenibilidad -que no sea vaciarlos de sus competencias y de la prestación de sus servicios- y que estos sean asumidos por otra administración superior.
La Comunidad de Castilla y León fija como alternativa a una atribución directa e inmediata de las competencias obligatorias a las diputaciones provinciales la posibilidad de atribuir antes dichas competencias a un ámbito superior, pero más cercano -como son las ‘mancomunidades de interés general’, asociaciones voluntarias de municipios- que garantizan la eficiencia por sus economías de escala, siempre que sean homogéneas, uniformes y racionales, tanto en territorio y población como en competencias y servicios públicos que se vayan a prestar.
Y se añade que sólo en el caso de que en este nivel las competencias tampoco sean eficientes, que estas pasen a las diputaciones provinciales recibiendo los servicios de todos los municipios asociados, de un territorio extenso, y no de forma fragmentaria y salpicada a demanda de cada municipio, como ahora contempla el anteproyecto de ley.
AMPLICIÓN DE PLAZOS PARA PRESENTAR CUENTAS
El texto del Estado establece un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para la presentación de sus cuentas públicas para mancomunidades y entidades locales menores. En la misma línea de defensa del municipalismo y dadas las características de Castilla y León, que cuenta con dos tercios del total de entidades locales de España y una cuarta parte de las mancomunidades, la Junta considera que estos plazos son mínimos y perentorios, por lo que la exige su ampliación, debiendo permitirse regularizar y presentar sus cuentas, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2014.
Con carácter general, en el informe enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se solicita una ampliación del conjunto de plazos que prevé el anteproyecto para diversas actuaciones de los entes locales, por considerarlo muy restrictivos.
De igual forma, el anteproyecto de ley contempla, nuevamente de forma restrictiva, una intervención temporal de los municipios de menos de 5.000 habitantes que no cumplan determinados parámetros económicos, en vez de facilitar los instrumentos adecuados para que dichos municipios vuelvan a la senda de la eficiencia y el crecimiento, razones por las que la Junta se opone a las consecuencias drásticas que supone dicha intervención local.