El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López, ha continuado esta mañana, en el Ayuntamiento de Almazán, con el turno de reuniones planificado para dar a conocer a todos los ayuntamientos de la provincia el contenido de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. Esta ronda de encuentros concluirá la próxima semana, en Covaleda, con la convocatoria a 17 municipios de la zona de Pinares.
La celebrada hoy en Almazán es la cuarta de las cinco reuniones planteadas por la Delegación Territorial para explicar el contenido de esta Ley radicalmente defensora del municipalismo, aprobada en las Cortes de Castilla y León, con el apoyo de los dos grupos políticos mayoritarios, PP y PSOE, el pasado 24 de septiembre, y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 1 de octubre.
Junto al Ayuntamiento de Almazán, han sido convocados los de Adradas, Alcubilla de las Peñas, Alentisque, Alpanseque, Barahona, Barca, Borjabad, Centenera de Andaluz, Coscurita, Escobosa de Almazán, Frechilla de Almazán, Matamala de Almazán, Momblona, Morón de Almazán, Nepas, Nolay, Soliedra, Taroda, Velamazán, Viana de Duero, Villasayas, Almaluez, Arcos de Jalón, Medinaceli, Miño de Medinaceli, Monteagudo de las Vicarías, Santa María de Huerta, Yelo, Maján, Cañamaque, Torlengua y Fuentelmonge..
Estos municipios, con una superficie de 2.326,05 kilómetros cuadrados, suman una población de 11.441 habitantes, resultando una densidad de población de 4,92 habitantes por kilómetro cuadrado. El ayuntamiento convocado con mayor número de habitantes en el padrón (2012) es Almazán, con 5.861, y el de menor, con 13 habitantes, Maján.
La provincia de Soria, con una extensión de 10.310,76 kilómetros cuadrados y una población de 94.522 habitantes (Padrón 2012), lo que supone una densidad de población de 9,17 habitantes por kilómetro cuadrado, cuenta con 183 municipios de los que sólo uno, Soria capital, tiene más de 20.000 habitantes, y 56 entidades locales menores.
Ley radicalmente defensora del municipalismo
El delegado territorial pretende aclarar, en estas jornadas informativas y de debate por la provincia, todas aquellas dudas que se generen y escuchar las necesidades de los ayuntamientos. "Esta Ley garantiza los servicios públicos y fortalece los municipios rurales, y tiene como objetivo promover un desarrollo equilibrado y sostenible, aumentar la cohesión económica y social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Que todos los alcaldes y concejales tengan absoluta seguridad sobre el carácter municipalista de esta Ley".
Manuel López ha resaltado que esta nueva Ley fortalece los municipios rurales y promueve la colaboración entre las entidades locales menores y los municipios a los que pertenecen; simplifica la gestión y clarifica las competencias evitando duplicidades. "Principalmente, que con los mismos recursos se puede mejorar y garantizar la calidad de los servicios que presta la Junta a los ciudadanos, especialmente a los que viven en el mundo rural, buscando reforzar y fortalecer a los municipios a través de la asociación voluntaria".
El delegado territorial, que ha estado acompañado en la reunión por el procurador Jesús Ángel Peregrina, ha explicado a los representantes municipales que se está trabajando directamente con la Consejería de la Presidencia en la zonificación de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio (UBOS). Estas UBOS son las que van a determinar la prestación de servicios de la Junta en el medio rural: sanitarios, sociales, educativos, agrícolas o de empleo.
Tras escuchar a la Diputación Provincial y dar audiencia a los municipios, se elaborará una propuesta inicial de mapa con el conjunto de municipios que integrará cada unidad básica. La consejería publicará la propuesta en el Boletín Oficial de Castilla y León y la someterá a información pública durante el plazo de un mes. Por último, y tras analizar las alegaciones presentadas, formulará una propuesta definitiva del mapa.
La adaptación progresiva de los servicios rurales al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio se realizará en un plazo de tres años.