Cuando por fin, después de 14 meses desde la anterior convocatoria, se publica la Orden de la Consejería de Agricultura que regula las ayudas a la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones, "el sector se encuentra, con la sorpresa, de que se suprimen los apoyos a los planes de mejora de explotaciones de todos los titulares ya en activo, y únicamente se contemplan apoyos para los jóvenes que se incorporan por vez primera al campo", denuncia ASAJA
Esta línea de ayudas, que se lleva publicado de forma ininterrumpida desde la integración de España en la Unión Europea, forma parte del programa de desarrollo rural de la PAC, y por tanto está cofinanciada a partes iguales por las tres administraciones: Unión Europea, Estado y Junta de Castilla y León.
Según la información de ASAJA, el veto de la consejería de Hacienda al compromiso de gasto de esta línea de ayudas ha llevado a suprimirla de la convocatoria y, por tanto, además de dejar desatendidos a los agricultores y ganaderos, se perderán los fondos que provenían de las otras administraciones.
Estas ayudas, para ASAJA, son las más importantes de cuantas estaban recibiendo los agricultores y ganaderos, ya que consistían en una subvención a fondo perdido sobre el importe de las inversiones realizadas en explotaciones consideradas prioritarias, de agricultores a título principal, subvención que podía llegar al 50% de la inversión. Las inversiones más habituales son la compra de maquinaria, naves agroganaderas, sistemas de ordeño y manejo del ganado o sistemas de riego.
Esta decisión de la Junta pone freno a la modernización del campo, enfrenta a los agricultores que se incorporan con los que ya están en activo, supone un agravio y pérdida de competitividad con otras regiones españolas, coarta el redimensionamiento de las explotaciones, reduce la actividad económica en las empresas que prestan servicios al sector y tendrá una repercusión negativa en el empleo en el medio rural, según ASAJA.
La organización acusa de “desleal” a la consejera de Agricultura, porque no informó de esta cuestión, a pesar de haberse tratado el tema, en la reciente reunión del Consejo Regional Agrario, y en opinión del sindicato es intolerable que los representantes del sector no reciban información alguna sobre un revés tan importante en la política agraria de la Junta.
Dada la gravedad de la medida, ASAJA le exige a Silvia Clemente que convoque de manera urgente al sector para informar de qué es lo que ha pasado, de qué consecuencias va a tener sobre las explotaciones agrarias, cuándo se va a levantar este castigo y qué soluciones se le pueden dar a los agricultores y ganaderos que desde hace 14 meses han hecho inversiones y presentado expedientes en la Junta para acogerse a estos fondos.
PROTESTA DE LA ALIANZA (COAG-UPA)
También, la Alianza por la Unidad del Campo (COAG-UPA) califica como catastrófica la decisión del Gobierno regional de cargarse directamente la denominada línea B de planes de mejora en el sector agrario, en los casos en los que no esté vinculada a una incorporación. Considera que "estamos ante una de las pocas líneas básicas que quedaban de apoyo a los verdaderos activos del sector agrario".