El director general de Vivienda presenta las medidas del Gobierno regional para paliar los problemas que la crisis está provocando para acceder a un piso.
Este miércoles, el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel Marinero ha dado a conocer las medidas del proyecto de ley que el Gobierno regional va a implantar para que las familias puedan optar a una vivienda ante las dificultades existentes para el acceso a la misma.
"No existe demanda, algo distinto a la necesidad, que sí la hay", ha remarcado Marinero sobre este asunto quien ha señalado que el parque de viviendas de protección oficial entre capital y provincia suma 247 frente a las cerca de 6.000 en toda la Comunidad. También ha señalado que los cálculos de los demandantes que requieren la titularidad de un domicilio es de 28.000 en toda Castilla y León, esto es, unas 100.000 personas, aunque matizando que dichos demandantes no efectúan su petición a corto plazo por lo que animó a formular dicha solicitud y así dar cobertura a las necesidades para optar morada habitual.
A tal fin, Marinero ha desgranado que las medidas que implantará el Ejecutivo castellano y leonés no son "un cuadro de ayudas", sino para "reorientar" la acción pública y así mejorar el acceso, sobre todo a los colectivos más necesitados, dotando al mercado inmobiliario "de mayor agilidad", con la movilización de pisos de titularidad pública. También se contempla el fomento del alquiler y la adaptación del régimen legal de las viviendas protegidas al nuevo contexto social y económico.
El director general, que asistía poco después de sus declaraciones a un encuentro con miembros del Consejo de Gobierno de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas de Soria (AECOP), ha incidido en que las medidas, aprobadas por el Consejo de Gobierno regional, ha recalcado que quienes hayan suscrito un contrato para vivienda promovida directamente por la Junta, tendrán una moratoria en el pago mensual, que será interrumpido durante un año prorrogable hasta cuatro. Así mismo, se contempla la reestructuración de la deuda pendiente con cinco años de plazo para su abono.
De igual modo, y tras aludir a que la provincia está por debajo de la media regional con un nivel de morosidad del 10% frente al 17% de la media regional, ha reseñado que "nadie deja de pagar porque no quiera. Por tal motivo, ha desgranado otros puntos de las medidas tales como el fomento de alquiler para las viviendas protegidas con precios que van desde los 222 euros para pisos de 50 metros cuadrados hasta los 400 para los de 90. También ha indicado que si con anterioridad a 2007 inmuebles de 90 metros cuadrados, y siempre en términos de titularidad o tutela pública, salían al mercado por el importe de su coste, en torno a los 109.000 euros, ahora supondrán un ahorro del 20% para los interesados en su adquisición.
El director general ha hablado por otro lado de los desahucios, para lo cual se ha dispuesto de una "reserva estratégica de viviendas" para situaciones extremas una vez se hayan agotado todas las vías para continuar con los pagos. En este punto ha explicado que la Consejería de Familia e Igualdad contactará con los servicios sociales de los Ayuntamientos con el fin de proporcionar un techo a quienes estén en esta situación.
En total, el paquete de medidas contempla 22 puntos, tales como la posibilidad de adquisición de viviendas oficiales a quienes dispongan del patrimonio económico suficiente para ello siempre y cuando las destinen a alquiler en los términos propuestos; la alternativa de poder comprar una segunda vivienda protegida por causas de movilidad laboral, y la puesta a disposición por parte de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de una reserva de al menos el 30% de los pisos protegidos desocupados.