El diseño del modelo de ordenación de los territorios de Castilla y León avanza con la distribución de competencias entre diputaciones, ayuntamientos y distritos de interés comunitario. De esta forma, del listado de 48 materias propuesto por la Junta a los dos grupos de trabajo ya se ha definido que las instituciones provinciales se encarguen de las inversiones en nuevos polígonos industriales, así como de su gestión y promoción, pero también de la gestión del patrimonio histórico-artístico, los puntos de información turística, los archivos provinciales y las políticas de juventud.
Así lo expuso la viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro, y el presidente de la Diputación de Palencia, José María Hernández, tras participar en Soria en una reunión en la Delegación Territorial de la Junta con los miembros del grupo de trabajo de modernización de las diputaciones provinciales, que se encargarán de delimitar sus competencias y servicios, eliminar duplicidades y coordinar las políticas en colaboración con el Gobierno autonómico.
“Creemos que la materia de consumo debe pasar a las diputaciones, pero ha quedado sin acuerdo”, afirmó la responsable de la Junta, al finalizar el encuentro. Atendiendo a la propuesta, las diputaciones asumirán las decisiones relacionadas con la creación de nuevos polígonos industriales, sus inversiones posteriores y su promoción y organización. También serán de su ámbito las inversiones en juventud, en lo que se refiere a la creación de nuevos centros de información, campamentos infantiles o asociacionismo juvenil, como hasta la fecha.
La gestión del patrimonio histórico-artístico provincial y su promoción y difusión se llevará a cabo por la citada institución al igual que las inversiones en nuevas oficinas de turismo y puntos de información turística provincial.
Por su parte, los distritos de la nueva Ordenación Territorial contemplarán las decisiones relacionadas con las nuevas inversiones en camiones de basura y contenedores plásticos y soterrados; en complejos deportivos, estadios y piscinas cubiertas; bibliotecas, edificios multifuncionales, centros cívicos y centros de cultura; en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como en oficinas de turismo y sus equipamientos. Éstos también tendrán capacidad de decisión sobre las inversiones posteriores de obras o arreglos y gastos de mantenimiento que requieran estas inversiones.