Castilla y León mantiene un moderado nivel de deuda en comparación con otras autonomías, tanto en términos absolutos como relativos, lo que certifica la responsabilidad con que el Gobierno regional utiliza esta fórmula extraordinaria de financiación. De acuerdo con el balance que ha hecho público hoy el Banco de España, a 31 de marzo de 2013 el endeudamiento del conjunto de las comunidades ascendía a 189.589 millones de euros, que una vez más incluyen el mecanismo de pago a proveedores de 2012 y, por segunda vez, la deuda asociada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y a determinados créditos comerciales cedidos. En todo caso, de esa cifra global únicamente el 4,3% ha sido aportado por Castilla y León.
La deuda global de las autonomías que se contabiliza a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) equivale al 18,1% del PIB nacional, 3,4 puntos por encima del 14,7% que representa en Castilla y León. Este menor porcentaje confirma la buena salud de las finanzas regionales y sitúa a la comunidad como la séptima menos endeudada del país, al mismo nivel que Andalucía y por detrás de Canarias, Madrid, País Vasco, Asturias, La Rioja y Extremadura.
Para valorar correctamente estas magnitudes es imprescindible recordar que de los 8.070 millones de euros de deuda de la región, 1.051,4 corresponden al plan de pago a proveedores al que se acogió la Junta el año pasado, partida que no se tiene en cuenta para evaluar el cumplimiento de los objetivos de deuda.
El incremento de la deuda regional se debe en parte a que recoge el endeudamiento de los préstamos del FLA a determinadas autonomías entre las que no figura Castilla y León, que decidió no adherirse por su capacidad para obtener recursos de los proveedores ordinarios. Junto a esto vuelven a tenerse en cuenta como deuda las operaciones de ‘factoring’ sin recurso, o lo que es lo mismo, la cesión de ciertos créditos comerciales frente a las Administraciones Públicas a instituciones financieras. El resultado es que de los 8.070 millones de euros de deuda de Castilla y León, 311 están asignados a la comunidad por proyectos de colaboración público-privada, mientras que 229 millones son créditos comerciales cedidos.
Esto implica que, en rigor, la deuda financiera global de la región ascendía a 7.530 millones al terminar marzo. Hay que tener en cuenta, asimismo, que de esa cantidad 378 millones de euros eran créditos para financiar préstamos a empresas, por los que la Junta ingresa tanto el reembolso del capital como los correspondientes intereses.
Ahora bien, el principal motivo del aumento de la deuda de Castilla y León respecto al trimestre anterior es que incluye 550 millones de euros que se formalizaron en enero, aprovechando el buen tono de los mercados financieros. Esto significa que a esa fecha estaban cubiertas el 63,6% de las necesidades de financiación de la Junta para todo el ejercicio, porcentaje que a día de hoy ha subido hasta el 83,3% después de que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, haya firmado nuevas operaciones por otros 170,7 millones entre mayo y junio. Es decir, que antes de alcanzar la primera mitad del año el Gobierno autonómico ha conseguido 720,7 millones de euros de financiación de los 865 de endeudamiento previsto en los Presupuestos de 2013.
Lo ha logrado, además, con una rebaja significativa de los tipos de interés. De hecho, los contratos que se han suscrito en los dos últimos meses están por debajo del límite que impuso a Castilla y León el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, que era del 1% como máximo por encima del diferencial que soporta el Tesoro Público en los mismos plazos. Esto implica la tranquilidad de tener refinanciados sobradamente los vencimientos a largo plazo de este año, que suman 386,6 millones de euros. Entre enero y marzo no se produjo ninguno –estaban previstos para junio y a finales de 2013–, por lo que en el primer trimestre no tuvo lugar ninguna amortización del endeudamiento vivo.