El diputado socialista por Soria, Félix Lavilla, ha afirmado este jueves que las enmiendas de su Grupo Parlamentario suponen una alternativa completa al proyecto de ley de liberalización del Comercio, toda vez que, ha dicho, es “corto de miras” y se limita al comercio minorista.
“Las enmiendas socialistas favorecen”, ha defendido Lavilla, “al pequeño comercio que en Soria tiene una función social para garantizar el abastecimiento en la zona rural”.
Según el diputado nacional, el proyecto de ley del Gobierno “afectará de lleno a Soria”, donde ya la Confederación Española de Comercio (CEC) ha advertido –a través de un comunicado este verano- de que la supervivencia del pequeño y mediano comercio "comienza a ser prácticamente inviable”.
Lavilla, junto a la diputada Puerto Gallego, es ponente de este proyecto de ley y ha destacado que es poco “eficaz”, ya que las ventas del comercio minorista han caído un 12,6%, lo que quiere decir que “estamos peor que hace un año”, y “peor también” en cuanto al apoyo que el Gobierno realiza al comercio minorista. “Los Presupuestos Generales del Estado han reducido, con los dos presupuestos del Gobierno del PP, un 34% las aportaciones para modernizar al comercio minorista. Todo ello supone que no es una prioridad para el Ejecutivo, cuando ocupa a cientos de miles de personas y es un elemento vertebrador del tejido comercial en todo el territorio”, ha significado.
También ha añadido que la nueva normativa genera una inseguridad jurídica que los comerciantes denuncian. “Hay un texto en vigor como Real Decreto y una tramitación parlamentaria que incorporará mejoras. Esta forma de legislar genera una gran inseguridad jurídica a todos los comerciantes”, ha asegurado.
Asimismo, ha afirmado que en el conjunto de enmiendas presentadas por su grupo se da una visión más integrada de la economía y se facilita el inicio de la actividad económica,”pero manteniendo una cautela en los ámbitos que afecte a la salud y al medio ambiente”.
Para el aforado nacional, las modificaciones del Grupo Socialista “favorecen la seguridad jurídica para evitar la unilateralidad del Gobierno y de las Comunidades Autónomas en su toma de decisiones”. Por este motivo, ha puesto de manifiesto que “el proyecto de ley deja a los pies de los caballos al comercio minorista, toda vez que la limitación de 300 metros para este tipo de instalaciones puede ser modificada unilateralmente por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, liberalizando los horarios y crear, además de una inseguridad jurídica notable, la posibilidad de provocar más cierres de comercios y más paro”.
Por otro lado, ha señalado que las enmiendas equilibran la agilidad en el inicio de la actividad económica con un régimen sancionador para los incumplidores, apostando por un registro público, que es una de las novedades que el Grupo Socialista introduce. “Agilidad, sí, pero también transparencia y cumplimiento de la norma y si no se hace así, un régimen sancionador y publicidad en Internet si se ha incumplido la normativa”, ha remarcado finalmente.