Los abogados sorianos, a través de un manifiesto declamado por su decana, Soledad Borque, manifestaron este lunes su postura contraria a las previsiones del Gobierno en materia de justicia reclamando “personas capaces, expertas e imaginativas que traigan soluciones eficientes y eficaces”, y pidieron al Ministerio de Justicia “que oiga y escuche en una labor que empuje para superar el lamentable estado de la administración de justicia”.
En este sentido, y con respecto a las ejecuciones hipotecarias y desahucios, los abogados sorianos exigen en su manifiesto potenciar y dotar de forma adecuada los centros de asesoramiento y defensa en estas materias, instando “de inmediato” a elaborar las modificaciones legislativas pertinentes que lleven a superar “el cúmulo de imprevisiones, errores y omisiones, abusos o fraudes que se han venido sucediéndose en materia tan sensible para los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Junto a este punto, los togados sorianos pidieron a través de un decálogo soluciones en materia de justicia. Unas soluciones que pasan, en un primer punto por un “gran pacto de Estado” con representación de los profesionales, desde jueces, fiscales y demás funcionarios, hasta abogados, procuradores y demás usuarios.
En segundo lugar, los letrados piden independencia para los jueces “y el buen gobierno del Consejo General de Poder Judicial” a lo que suman una Fiscalía autónoma y una Abogacía “libre e independiente”. En el tercero, contemplan la participación real y efectiva de todos los colectivos que aglutina el ejercicio de la justicia para la elaboración de borradores en anteproyectos de ley y normativa de desarrollo legislativo.
A continuación la decana, y “ante la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora”, señaló “la inmediata retirada de la Ley de Tasas” porque “consagra una justicia para ricos y otra para pobres” lo que impedirá el acceso a la justicia “a un buen número de ciudadanos”. A continuación, y en iguales términos al anterior, se pidió la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que en el sexto, se pidió la actualización de la regulación contenida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con el fin de adecuarla a la situación actual y “manteniendo el modelo y atendiendo puntualmente y en todo caso los pagos de las prestaciones realizadas”, las cuales se ven reducidas y son “totalmente injustas e indignas”.
Ya en el séptimo apartado de reivindicaciones, se pidieron dotaciones adecuadas para el buen funcionamiento de la mediación y del arbitraje para reducir el colapso judicial.
También desde el Colegio de Abogados de Soria se exige terminar con las deficiencias organizativas y la sobrecarga de trabajo en juzgados y tribunales, lo que lleva, según dicen “a las extraordinarias dificultades para conciliar la vida profesional y familiar” de los profesionales de la justicia.
Por último, hacen referencia a la mejora permanente de los justiciables a través de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos, que fue aprobada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria en abril de 2002.