La `Alianza por la Unidad del Campo´, que forman las organizaciones UPA y COAG, consideran muy preocupante la dinámica de las últimas semanas, donde se están produciendo ataques de lobos en explotaciones ganaderas cada vez más cercanas a los núcleos de población de pequeños municipios e incluso de grandes capitales. Sin querer generar ningún tipo de alarma social, UPA y COAG califican como inconcebible que la Junta de Castilla y León siga con "una venda en los ojos sobre el problema real que afecta a esta región". "Existe un mutismo y un silencio oficial ciertamente preocupante, y todo a pesar de las continuas denuncias y requerimientos que llevamos haciendo".
Las organizaciones agrarias en los últimos días han alertado una vez más de las `lobadas´ en distintos puntos de la región con una característica común, que es la cercanía física de los ataques de animales salvajes en zonas muy cercanas a poblaciones habitadas. Por ejemplo, citan lo ocurrido en los últimos días en la provincia de Ávila, donde se han producido tres ataques en explotaciones situadas a apenas ocho kilómetros de la capital, o en Toro y Valladolid en las últimas semanas.
Este grave problema preocupa a los ganaderos y en general a los ciudadanos del medio rural, porque "vista la pasividad, quietud y tranquilidad de la Junta de Castilla y León para actuar puede interpretarse que a la Administración regional no les resulta incómoda esta situación".
Denuncian que la Consejería de Medio Ambiente se limite a "hacer público ante los medios de comunicación, que no ante las Opas, un seguro privado que rechaza el sector de forma unánime, y que hace recaer sobre los productores toda la responsabilidad de los ataques".
La ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO recuerda que son las sentencias judiciales las que están poniendo en su sitio a la Administración regional en varios casos de denuncia por ataques de lobos, ya que los tribunales se han vuelto a pronunciar nuevamente en los últimos meses con nuevos veredictos favorables a los ganaderos apelando a la responsabilidad patrimonial de la Junta, y condenando a la Administración regional a pagar las indemnizaciones oportunas y las costas del proceso judicial.
UPA y COAG insisten en recordar que no se conseguirá acabar con la situación actual dejando que el problema se solucione por sí solo, porque la realidad apunta a todo lo contrario, con más ataques y cada vez más cerca de la población civil. La única solución pasa por controlar responsablemente la especie y por indemnizar justamente los daños que provocan en la ganadería extensiva de Castilla y León.
Desde la ALIANZA lamentan el `desaguisado´ de la Consejería de Medio Ambiente con una gestión `manga por hombro´, donde se modifican normas con carácter de urgencia en contra de sentencias judiciales, mientras por otro lado sigue con su característico inmovilismo para aplicar normas demostradamente lesivas contra los intereses ganaderos.