En la mañana de este miércoles 19 de junio, representantes de los sindicatos UGT y CC OO han registrado en la Inspección de Trabajo de Soria una denuncia en la que cuestionan la estrategia de la empresa Torras Papel en cuestiones laborales hacia los empleados. En la misma, se reflejan lo que consideran como “provocaciones” y “coacciones” de la dirección de la empresa hacia los trabajadores de la factoría que la firma tiene en Almazán.
En el transcurso de la manifestación llevada a cabo en el mediodía de este miércoles, el secretario general provincial de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Javier Moreno, ha dado cuenta de la denuncia interpuesta por los sindicatos ante la Inspección de Trabajo por un comportamiento lejano a la ejemplaridad que manifiestan los trabajadores en huelga. Las acusaciones inciden en el director general de la planta y en el responsable de recursos humanos.
En la denuncia reflejan “las tácticas” de los dirigentes de la factoría, tales como las “coacciones” que por parte están ejerciendo sobre empleados de empresas temporales que no van al trabajo mientras que los que sí acuden están bajo la sospecha de “efectuar tareas que son los trabajadores de la empresa los que están llamados a llevarlas a cabo”. El escrito recoge la situación en la que empresas externas que están desarrollando labores productivas en la misma planta “con trabajadores que tienen la capacidad de arrancar determinadas máquinas”.
En tercer lugar, de los cinco puntos que reseña la denuncia es la coacción de los dos directivos mencionados hacia los empleados cuando éstos encuentran manifestándose fuera de las instalaciones, ejerciendo “actitudes provocativas” con el fin de que los empleados “puedan perder los nervios”, si bien la actitud “ejemplar” de los trabajadores ha hecho que “no hayan entrado a la provocación a pesar de los intentos de enfrentamiento”.
Así mismo, y según continuó Moreno, habló de la modificación de jornada laboral de algunos de los empleados “para evitar la entrada cuando el resto están manifestándose a la entrada de la factoría”. Por último, también enfatizó las horas extras de los trabajadores temporales para tareas fuera del tiempo establecido y que son propias de los trabajadores de Torras Papel.
Por su parte, el presidente del comité de empresa, Roberto Carlos Sanz indicó que la manifestación de este miércoles obedecía a la necesidad de dar a conocer la problemática por la que está atravesando la empresa ya que en la víspera, día de mercado en la localidad, los vecinos tanto de la propia villa como de poblaciones cercanas tomasen conciencia de esta situación. En cuanto al balance los tres días de huelga, indicó que han sido unas jornadas “sin precedentes” en la fábrica porque nunca los paros habían contado con un seguimiento tan importante, siendo las secciones de producción y acabado “las más importantes” las que han estado detenidas en su totalidad, mientras que en expediciones la huelga fue seguida al 90%, si bien en oficinas y en el apartado técnico ha sido secundada de manera desigual.
Sanz abogó por el mantenimiento de conversaciones con la patronal sin que hasta el momento se hayan anunciado encuentros. También señaló que esta situación, en la que se ha pedido una reducción salarial a los trabajadores, no es la misma que la que sufrió Puertas Norma en el inicio de su crisis donde también se planteó esta alternativa, ya que la planta de Almazán está muy bien considerada en el grupo empresarial al que pertenece, habida cuenta además de la inversión realizada el año pasado en las instalaciones y que ascendió a cerca de 23 millones de euros.
RETIRADA DEL PLAN DE PENSIONES
El secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, que también estuvo presente en esta movilización que agrupó a cerca de un centenar de personas, reivindicó el mantenimiento del plan de pensiones de los trabajadores así como los derechos sociales y salariales de la plantilla, “independientemente de la negociación del convenio colectivo que se está haciendo en Madrid”. En su reivindicación, también significó que “no es de recibo” que el buen funcionamiento de la empresa no debía de servir para aprovechar la situación generalizada de crisis para “cercenar” los derechos de los trabajadores.