Un ánimo que ya han recogido los responsables de Promociones, que van a recurrir la decisión judicial del auto, por la que dejan fuera del proceso concursal a Promociones por incumplir –supuestamente- la condiciones de la Ley Concursal. Un incumplimiento sobre el que no está de acuerdo Promociones, que mantiene toda su ilusión para seguir adelante en el proceso concursal, porque el auto no es firme aún.
Ante el auto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Soria, emitido por la magistrada Mª Paz Redondo Sacristán, que sustituye a la juez titular de ese Juzgado, el consejo de administración de Promociones Económicas recuerda que el auto no es firme y que, por tanto es susceptible de recurso, que se va a presentar.
Promociones critica el “feroz ataque” lanzado por Norma, nada más conocer el auto, que le ha llevado “a ponerse en contacto con los acreedores, para tratar de que cambien su voto, cuando son absolutamente conscientes de que una resolución judicial, como es este Auto, puede ser modificado por una resolución posterior, mientras la misma no sea firme”.
Promociones afirma que, si bien es de rigor respetar la resolución emitida, “esta parte entiende que la misma, de mantenerse, socavaría los cimientos jurídicos en los que se basa la propia Ley Concursal, y con ello permitir que sea la empresa concursada quien dirija el proceso que ella misma ha puesto en marcha; primero presentando un concurso de forma altamente sospechoso, después no adoptando medidas que paliaran el mismo, dejando languidecer y morir la empresa; posteriormente preparando una especie de subasta para ver quien se quedaba con la empresa; para finalizar eligiendo aquella que se ajustaba más a sus intereses, apoyándola financieramente y condonando nada menos que 39.158.566,66 €, a los que asciende la deuda subordinada. Pero además, de no modificarse vía recurso la resolución judicial, Jeld Wen se convirtiría en juez y parte, en árbitro para decidir, según su propio interés, sobre qué empresa es la que tiene que gestionar su propio fracaso, y que sea dócil a la hora de no entrar a valorar la gestión llevada a cabo por el consejo de administración, que abocó en la presentación del concurso, la cual, desde luego, no tenía garantizado si fuera Promociones quien gestionara la empresa”.
Haciendo caso al auto de la juez en la que “inadmite” la propuesta de Promociones Económicas de San Leonardo SL, esta explica que la estructura de la deuda quedaría con un pasivo total de 49.187.853,24 (39.158.566,66 € de deuda subordinada, 8.044.008,25 € de deuda ordinaria y el resto de deuda privilegiada). Teniendo en cuenta que la deuda subordinada y la privilegiada no pueden avalar ni adherirse a ningún convenio, queda para poder avalar o votar la deuda ordinaria, o sea 8.044.008,25 €, señala Promociones.
La sociedad impulsada por el Ayuntamiento señala que obtuvo 2.164.342,5 € de avales para su convenio, lo que suponía el 26,9 % de la deuda ordinaria, que es la que puede avalarse y adherirse, según se habló en su momento.
Por eso sorprende a Promociones que la juez sustituta, en su auto, diga que hay que obtener el 20% del total pasivo, incluida la deuda subordinada y la privilegiada, que ascendería a 9.837.570,65 €. Si solo pueden adherirse los titulares de la deuda por importe de 8.044.008,25, se pregunta Promociones,”¿Nos puede decir cómo hacerlo?. Nos pide un imposible, aunque tuviéramos el 100 % de los posibles votantes”.
De no modificarse la resolución judicial, Promociones considera que quedaría cercenada de raíz cualquier posibilidad de que los acreedores puedan elegir cuál es la propuesta del convenio que más le interesa, “y que por los votos que hasta la fecha se han podido conseguir, se acredita que la votación del próximo 18 de julio sólo tenía un resultado previsible, que es el respaldo mayoritario a la propuesta avalada por Promociones”.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A Promociones le sorprende que el juzgado no se haya pronunciado sobre el hecho reiteradamente hecho público, de que siendo los terrenos sobre los que se asienta la fábrica propiedad del Ayuntamiento, la corporación haya puesto de manifiesto, que en ningún caso va a dejar esos terrenos a disposición de Dymsa, y que sólo lo hará a la oferta de Promociones por entender que es la que puede sacar adelante este proyecto empresarial.
En definitiva, Promociones Económicas quiere dejar claro que, a su entender, el auto no se ajusta a la legalidad, que no es firme, y que por lo tanto se va a proceder a presentar el correspondiente recurso ante el Juzgado.
También quiere llamar la atención de que, “en el caso de ser estimado el recurso, se quedaría sin efecto todo lo que se lleve a cabo a partir de la emisión de dicho auto, con las consecuencias que ello conlleva, por lo que espera que Norma/Dymsa no sigan llevando la situación hacia un callejón sin salida, que nadie desea y menos Promociones”.
Con todo el respeto para la judicatura, Promociones no llega a entender “cuál puede ser el motivo por el cual, la juez que sustituye al juez natural del concurso, cuando el único juzgado especializado en derecho concursal en Soria no es el que ella ocupa, sino el 2, no haya podido esperar 48 horas a que el juez titular se reincorpore a su puesto, y haya tomado la decisión de resolver sobre una cuestión que puede marcar definitivamente la economía de toda una región”.
Promociones espera que la Junta de Castilla y León, “que ha sido objeto de un secuestro por parte de la propuesta de Dymsa, al ser presentado su convenio con el apoyo teórico de la Agencia de Innovación y Financiación de Castilla y León, lo cual posteriormente fue desmentido, no se deje ahora subyugar por la presión que, sin duda, ya se está llevando a cabo para que, en el plazo de tres días que ha sido concedido por el juzgado, lo conceda, lo cual sería muy difícil de explicar, ya que si públicamente ha puesto de manifiesto que, en ningún momento, dio su apoyo a la propuesta de Dymsa, si lo diera ahora y con ello se subsanara, vendría a dar carta de naturaleza al engaño llevado a cabo en la propuesta de convenio, convirtiendo un acto irregular y rayano en el chantaje en un acto legal, no sirviendo de excusa las continuas amenazas de liquidación que desde la empresa se viene dando publicidad”.