Los trabajadores muestran así su total desacuerdo con las declaraciones del presidente de Diputación, Antonio Pardo, en las que manifestaba que las cuatro residencias son un “lastre”, “vagón de carga”, “sangría” o “hipoteca impropia”, entre otros descalificativos. Pardo, como responsable de la institución provincial, señalan los trabajadores, "debería saber que la Diputación ha tenido competencias en materia de servicios sociales y residencias desde sus orígenes, al igual que en otras provincias donde las diputaciones tienen residencias de ancianos, centros psicogeriátricos y unidades psiquiátricas tanto de larga estancia como ambulatorios".
Los trabajadores consideran que la intención de Antonio Pardo de privatizar los centros responde a una falta de sensibilidad en materia de servicios sociales, y quiere engañar a la sociedad alegando que no puede soportar el gasto. Refieren que se trata de un servicio que presta la administración, y no de una empresa particular con ánimo de lucro y, por tanto, al igual que la sanidad, la educación y otras prestaciones del Estado, no tienen por qué obtener beneficios.
Los trabajadores también quieren hacer saber que la Diputación se verá obligada a ofrecer a las entidades privadas que opten por hacerse con su gestión, varios millones de euros anuales para que puedan obtener beneficios.
"Además de los trabajadores, muchos diputados y políticos no ven con buenos ojos este intento de privatización, y se cree que es más un rechazo personal del presidente a los centros que una necesidad", afirman los empleados de las residencias.
Alegan que los presupuestos de la Diputación están saneados y que el presidente ha bloqueado desde hace tiempo los ingresos en las residencias, para poder justificar así su inviabilidad. Sostienen que no se va ahorrar el dinero que pregona, y que su intención es "derivarlo hacia otras inversiones menos necesarias, pero donde él pueda hacerse notar".
Las cuatro residencias de la Diputación albergan residentes ancianos y enfermos crónicos que, por situación personal y familiar, no pueden valerse por sí mismos, ni pagar el coste de una plaza privada, explican los trabajadores. "Los ratios de personal que trabaja en las mismas son adecuados con la Ley y la calidad asistencial es intachable, aspectos que se verán resentidos notoriamente en el caso de la posible gestión privada, situación en la que se prevén pérdidas de puestos de trabajo y de derechos laborales", añaden.
Por otro lado también hacen un llamamiento a la sociedad, especialmente a los demás trabajadores de la administración pública, para que se unan a sus protestas, en las que se defiende los derechos de los trabajadores de la administración y la calidad de los servicios prestados.