El secretario general del PSOE en Soria, Carlos Martínez Mínguez, ha señalado este jueves 21 de febrero que la nueva Ley de Bases de Régimen Local que ha previsto el Gobierno de España podría dejar el mapa provincial reducido a 180 municipios, ya que la normativa prevista contempla que si los municipios menores de 5.000 habitantes no alcanzan niveles estándares de gasto en el desarrollo de sus servicios podrían pasar a ser gestionados por la Diputación, al igual que en el resto del país.
Se trata de un ataque brutal contra la autonomía municipal, señaló el que también es alcalde de Soria, quien además indicó que el resto de sus homólogos sorianos tendrían la única finalidad de pasear el santo en el panorama público de su localidad, ya que sus atribuciones desaparecerían.
Mínguez explicó que la normativa contempla establecer unos parámetros en función de los cuales, los municipios podrían llegar a ser intervenidos por no llegar a cubrir unos costes económicos estándares a la hora de prestar los servicios de forma obligatoria. Unos baremos establecidos por el Ministerio de Hacienda y que se desconocen.
En esta situación, deberán transferir todas sus competencias obligatoriamente a la Diputación Provincial. Lo que se haría extensivo igualmente a dos Ayuntamientos más, los de Almazán y El Burgo de Osma, por contabilizar menos de 20.000 empadronados. Aquí señaló que la reforma busca la privatización de servicios de los que se harán cargo grandes empresas que se hallan buscando nuevos nichos de empleo
Según indicó, la nueva ley se inspira en la necesidad de reducir la deuda pública española, pero no resuelve los problemas del país, porque está asentada en una gran mentira. A tal fin, desgranó que las deudas de los municipios tan sólo suponen el 4% de la suma de todos los débitos públicos, alcanzando los 43.802 sobre un montante global de 817.164 millones de euros. Y sobre ese 4%, un 25% sólo corresponde al Ayuntamiento de Madrid, puntualizó.
Otro de los aspectos que reveló Mínguez fue el de los asesores municipales, de los que dijo que los Consistorios podrán contratar un número determinado en función de los habitantes, pero no podrán tener sueldo los ediles de Ayuntamientos con menos de un millar de personas inscritas. Así, puso como ejemplo que ciudades como la capital de España podrán disponer 250 personas en estos cargos, Palencia hasta 25 y Soria, once. Abogando por el alcalde de pueblo, el dirigente socialista apuntó a que el primer edil rural es el encargado de llevar a cabo las tareas propias que requiere el día a día de su municipio, ya que no tiene músculo funcionarial por no disponer de los fondos suficientes para poder costearlo. Unas labores que, según apreció, no tendrán retribución alguna.
Principalmente, por estos motivos, Mínguez avanzó que tras la celebración de una Ejecutiva Provincial de su partido, los socialistas sorianos iniciarán una campaña informativa y también de carácter reivindicativo para intentar atajar esta iniciativa gubernamental.
A tal fin, el secretario de Organización de Política Municipal del PSOE en Soria, Ángel Hernández, explicó que esta actividad de carácter divulgativo se realizará por toda la provincia, informando, hablando y recogiendo sugerencias de todos los alcaldes sorianos, independientemente de su color político, porque en la reunión de la FEMP del miércoles todos los alcaldes asistentes mostraron su rechazo unánime a este cambio del reglamento.
Hernández detalló que la iniciativa se sustentará en dos pilares, siendo el primero de ellos las personas, a quienes se les pondrá al corriente de cómo les afectará la ley, porque no es lo mismo que te gobierne tu alcalde que el presidente de la Diputación, y si no, que se lo pregunten a los trabajadores de sus residencias, dijo, y por otro a todos los alcaldes. De igual modo, se recogerán firmas contra el anteproyecto legislativo para obrar con contundencia y parar una reforma que nadie comprende.
LIEBRE DE TRAPO
Sin embargo, la reforma pretendida, no afecta a la Ley Electoral, apuntó el máximo responsable de los socialistas sorianos. Un punto que calificó como la liebre de trapo con la que encubrir la reforma, ya que si los alcaldes dejarán de ejercer sus competencias, se debería modificar esta ley para la elección de los diputados provinciales, recordando aquí al presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, quien dijo que el cabeza municipal estará solo para ir a la misa de la patrona.
Además, avanzó que los aforados provinciales no rendirán cuentas a los vecinos que gobiernen, suponiendo esto encorsetar la autonomía municipal, ya que tendríamos alcalde, pero sin nada que gestionar, con lo que ninguna persona tendría deseos de optar a un cargo en el que no podría ejercer ninguna atribución.