Los trabajadores de las residencias de Diputación volvieron a concentrarse el día 26 nuevamente, como el pasado míercoles, para trasladar su malestar y disconformidad por la decisión de concesionar la gestión de las residencias públicas,"que ya son gestionadas por personal propio de la institución y que por tanto no necesitan de ninguna gestión exterior, lo cual añadiría más gastos por un lado y pérdida de derechos laborales de los trabajadores por otro", explican.
Advierten que "con sus continuas declaraciones, el presidente Antonio Pardo ha iniciado una campaña de desprestigio contra los trabajadores de su propia institución, en concreto de las residencias, con la intención de poner en contra de estos trabajadores a la opinión pública".
Los trabajadores afirman que la opinión pública debe conocer que la cifra de gasto, y no déficit, utilizada de manera recurrente por el equipo de gobierno no se traducirá en un ahorro de la misma cuantía si la concesión llegara a producirse. La Diputación, obligada por el pliego de condiciones que regula el proceso, debería abonar anualmente una abultada cantidad para que a la empresa concesionaria le resulte rentable prestar el servicio.
Consideran que "si tomamos el número de plazas, de las que en total disponen las residencias de la Diputación, y hacemos una estimación del dinero que deberá aportar anualmente la institución a la empresa concesionaria, nos encontrarnos con una cifra superior a los 4 millones de euros".
Por lo tanto, "el ahorro, según palabras del presidente, para otra inversión diferente, no es el que pregona. Y si no, que explique Pardo de dónde va a obtener la empresa privada los beneficios. Además, ¿qué mejor inversión que asistir a aquellos ancianos y enfermos crónicos que lo necesitan? Dice que las plazas de los residentes seguirán siendo públicas y con el mismo coste, entonces, ¿dónde va a estar la ganancia de la empresa privada?, ¿robando el sueldo a los trabajadores?"
"De producirse la concesión nos encontraríamos con el siguiente escenario: edificios públicos, gran inversión en los últimos años de dinero público en la adecuación de las residencias a las normativas vigentes, y una aportación de varios millones de euros anuales de dinero público, con el único objetivo del aprovechamiento de una empresa privada en detrimento de la calidad asistencial, del bienestar de los residentes y sus familias, de la estabilidad laboral de los trabajadores y de la prosperidad de los pueblos donde se sitúan las residencias a través de la riqueza generada por el abastecimiento de las mismas", insisten los trabajadores de las residencias.