El presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo, asegura que su voluntad, en la decisión de externalizar la gestión de las residencias de mayores con otras empresas, no es destruir empleo, sino hacer un cambio de gestión para ahorrar dinero y destinarlo a otras necesidades que hay en la provincia. Reitera que los centros y las plazas de residencia y asistencia seguirán teniendo un carácter público.
La Diputación, con la externalización, sólo tendrá competencias para la concreción de las tarifas, la supervisión y la responsabilidad subsidiaria en los centros. Las residencias afectadas son las de Ágreda, El Burgo de Osma, El Royo y Navaleno, que albergan unos 300 mayores.
El presidente no ha concretado la fecha en la que tomará una decisión definitiva sobre el futuro de la gestión de las residencias, que todavía no está tomada, asegurando que está abierto a las sugerencias de los sindicatos de las otras formaciones políticas de Diputación. Aunque sí afirmó que pretende estar “hablando un año entero del asunto, ya que la sociedad soriana no está para que los políticos se entretengan en discusiones sino para que tomen decisiones”.
Aunque el máximo responsable de Diputación ha denunciado en numerosas ocasiones que los centros geriátricos no son competencias de la institución provincial y sí de la administración regional, Pardo considera que su obligación es seguir gestionando de la mejor manera posible esos centros, independientemente de lo que haga la Junta de Castilla y León a medio y largo plazo sobre la atención social a los mayores.