Pardo insistió este martes 12 de febrero tras la junta de Gobierno de la institución en que “el PSOE sigue vendiendo humo” en el tema de las residencias de mayores. Reiteró que no cree probable que la Junta de Castilla y León se quede con las residencias de mayores de titularidad de la Administraciones local y provincial de la Comunidad, como se señala en el anteproyecto de la Ley de Ordenación de Territorio y de Servicios. Es más, añadió que en el caso de que ocurriera así, “estamos hablando de una gestión adecuada de dinero público”, por lo que el saneamiento económico de las residencias es bueno para Diputación y para la Junta de Castilla y León.
En este sentido, el presidente de la Diputación exigió respeto a la opinión de la mayoría del Pleno de la Diputación, que aprobó la externalización, y remitió a la celebración de un próximo Pleno extraordinario, en el que se conocerán los informes jurídicos y las respuestas que se han dado a los recursos de reposición contra el acuerdo de la externalización de la gestión de las residencias.
En cuanto a las advertencias socialisitas de la judicialización en la que se va a entrar en el tema de las residencias, Pardo significó que era una posibilidad que se contemplaba, conscientes de que las opiniones no tienen por qué coincidir. No obstante, repitió que el político está para ofrecer soluciones y alternativas, que es lo que trata de hacer el equipo de Gobierno de la Diputación. En este sentido, criticó al PSOE por no dar esas alternativas, ya que no se podía continuar con el déficit de estos centros residenciales.
En el otro lado, los diputados provinciales Pilar Delgado y Ángel Núñez, incidieron en la necesidad detener el proceso de privatización a la espera de la entrada del la normativa sobre la ordenación territorial de Castilla y León, un reglamento que está previsto entre en vigor este verano. En función del mismo, se mostraron confiados en que la ley hará que sea el Gobierno regional quien se haga cargo de gestionar los geriátricos de titularidad de la Diputación.
Así, Delgado señaló que los precios con los que la iniciativa privada tendrá que abordar la gestión de las residencias “están fuera de mercado”, por lo que harán que las empresas no acudan a la licitación ante las condiciones previstas en los pliegos, al no ser “ atractiva” la oferta propiciada por la Diputación.
Por su parte, Núñez indicó que la ley debe de cumplirse, por lo que el Ejecutivo regional deberá pronunciarse si cumplirá o no con la normativa de ordenación del territorio. Así mismo, indicó la posibilidad de que el asunto pueda “judicializarse” lo que acarreará consecuencias, como la readmisión de empleados, “que serán muy costosas”, por lo que llamó a la reflexión antes de llevar a cabo la licitación.