Entre los avances que se han producido en estas últimas reuniones, y siempre teniendo en cuenta que los cambios introducidos por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo no deben ser considerados como definitivos, destaca el mantenimiento de las cuotas azucareras hasta 2020, aunque UCCL considera que esta medida, sin estar unida a un precio de la remolacha, es absolutamente inútil y condena a los cultivadores a producir.
Asimismo, UCCL valora que la prórroga del régimen de derechos de plantación de viñedos hasta el año 2030, al objeto de evitar la desregulación del sector, podría conllevar un desmesurado incremento de la producción y consiguiente hundimiento del precio de la uva.
Otra medida es el Incremento hasta un 15% de los fondos que pueden ser destinados a las ayudas ‘asociadas’ a la producción, que pude venir bien a los sectores ganaderos sin superficie, ya que en la propuesta de la Comisión Europea este hecho no se contemplaba. También se ha señalado la supresión de la obligación de un ahorro del 25% del agua para acceder a las ayudas a las inversiones en regadíos.
Sin embargo, UCCL indica que las propuestas sobre la reforma de la PAC que ha realizado el Parlamento europeo genera dudas en determinados aspectos. Así, a UCCL no le convence la definición de la propuesta de la Comisión Europea sobre los perceptores de las ayudas PAC, los considerados agricultores activos. UCCL apuesta por que sean aquellos agricultores que realmente ejercen la actividad agraria productiva, a título principal, los que perciban esos fondos.
Sobre el componente verde, esta organización estima que, aunque se han introducido algunos aspectos de flexibilidad, sigue siendo muy negativo, ya que su cumplimiento puede suponer un incremento de los gastos al agricultor o ganadero. Además, no queda clara si la percepción del pago básico sigue vinculado al cumplimiento de los requisitos que, al efecto, figuran en la propuesta de la Comisión Europea, así como indicar el desacuerdo de UCCL por que el 30% del presupuesto de la PAC se destine a tal fin.
Tampoco está muy claro cómo, cuándo y de qué forma se llevarán a cabo la convergencia de las ayudas tanto en el propio Estado como a nivel comunitario, elemento este fundamental en el caso de Castilla y León por la diversidad de los cultivos y rendimientos, apunta UCCL.
De igual manera, en opinión de UCCL, se desconoce si existe algún cambio referido al periodo de referencia, que se tendrá en cuenta de cara a la asignación de los derechos de base, aspecto muy importante para la aplicación de la reforma de la PAC. Otro apartado sobre el que, al menos, la Unión de Campesinos de Castilla y León no tiene mucha certeza es si se ha producido alguna modificación en relación a la superficie admisible, que se tendrá en cuenta a la hora de asignar los derechos de base, pues en función de la elegible el valor unitario de los derechos puede variar de forma importante.
Por último, desde UCCL se quiere destacar como medidas más negativas en estas negociaciones la aparente eliminación del sistema de cuotas de leche; o la falta de concreción del presupuesto de reforma de la PAC, que parece que lleverá a la supresión de la ayuda a la jubilación anticipada.