UGT denuncia que, como consecuencia del recorte de las políticas activas de empleo del Gobierno, que afectan directamente a los programas que desarrolla la Junta de Castilla y León en materia de empleo, las oficinas de El Burgo y Almazán pueden cerrar sus puertas.
Estas oficinas tienen dos trabajadores, un agente de modernización y un orientador laboral. UGT considera "extremadamente grave esta situación, y emplazamos a que por parte de la Junta de Castilla y León den respuesta a esta lamentable decisión y confirme tal hecho, como consecuencia precisamente de que los programas de Modernización y Promotores verán ya a sus trabajadores despedidos el 30 de junio y los orientadores, previsiblemente el 30 de
diciembre o incluso antes".
Este hecho pone en tela de juicio toda la política territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, según UGT, política que ya sabemos que no existe, "pero que cuando hablan de futuro solo se dirigen a los ayuntamientos en este aspecto, obviando que una política territorial adecuada también incluye, necesariamente, la forma de prestar los Servicios Públicos de la Junta en el conjunto del territorio y comarcas de la región, particularmente para las comarcas sorianas".