El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea consiguió ayer cumplir su objetivo y fijar una postura sobre la reforma de la Política Agraria Común 2014-2020. El Consejo Europeo se suma con este acuerdo al resto de instituciones europeas (Parlamento y Comisión) que ya se habían pronunciado y que negociarán a partir del próximo 11 de abril para cerrar los reglamentos que conforman la PAC y que regirán el trabajo de los agricultores y ganaderos de toda Europa los próximos siete años. La organización agraria UPA, que la semana pasada valoró la posición del Parlamento Europeo, ha manifestado que el acuerdo alcanzado ayer por el Consejo “no es malo”, pero que aún queda “mucho trabajo por hacer y mucho por decidir” en las negociaciones del “trílogo”.
“El texto que ha salido de Bruselas, como el que salió del Parlamento en Estrasburgo, no nos suena del todo mal”, han explicado, “aunque en las negociaciones –que podrían culminarse en julio- hay todavía opciones para introducir las modificaciones que necesita el campo español”.
UPA ha destacado como uno de los puntos más importantes que marcarán la aplicación de la futura PAC “el triángulo formado por la definición del agricultor en activo, las hectáreas admisibles y la actividad mínima”, estableciendo además un techo de ayudas que permita que la PAC se destine “a los verdaderos profesionales del campo y no a los agricultores de sofá”.
En relación con los pagos directos, el Consejo ha propuesto limitar la superficie potencialmente elegible a la declarada en 2011, lo que evitaría la ampliación desmesurada de hectáreas que propuso la Comisión Europea y que reduciría el pago por hectárea de forma preocupante.
El Consejo de Ministros ha aportado más flexibilidad a uno de los principales caballos de batalla de la Comisión Europea: la convergencia entre los pagos de todas las hectáreas en todos los Estados Miembros. En concreto, proponen que los beneficiarios cuyas ayudas se encuentren por debajo del 90% de la media que se establezca para su región, recuperarán entre 2014 y 2019 una tercera parte de la diferencia entre el 90% de la media y su nivel actual de ayudas, de forma que se evitarían trasvases de fondos entre agricultores, sectores y territorios.