La Alianza para la Unidad del campo, que engloba a las organizaciones agrarias profesionales (Opas) UPA y COAG, ha mostrado este lunes 1 de abril su postura “radicalmente contraria cualquier cierre que se pretenda hacer por parte del Gobierno regional de las unidades veterinarias en las distintas provincias, puesto que consideramos que se trataría de un recorte más para el sector agrario”, indicaron en un comunicado de prensa.
Además solicitaron a las delegaciones territoriales de la Junta en cada una de las nueve provincias, así como a los responsables de los servicios de Ganadería de la Administración regional, “que convoquen mesas de trabajo para dar cumplida información a los alcaldes afectados por los posibles cierres así como a las organizaciones agrarias provinciales”.
Desde la Alianza consideraron como “clave” que en cada provincia la Delegación Territorial y el Servicio de Ganadería “expliquen detalladamente los criterios y valoraciones que han tenido en cuenta en base a datos como el número de ganaderos por unidades veterinarias; número de explotaciones con código CEA; cabezas de ganado y UGM; carga de trabajo, actuaciones, etc., para decidir qué unidades veterinarias deberían cerrarse”.
En cualquier caso, exigieron también “suficientes medidos humanos y materiales para que la Administración regional pueda dotar de servicios a los profesionales de la ganadería”. Por este motivo cualquier propuesta de cierre de unidades veterinarias “lo consideramos un grave perjuicio que sin duda incidirá negativamente en el día a día de los ganaderos profesionales”, explicaron desde la organización agraria.
Igualmente indicaron que el mundo rural en general, y el sector agrario en particular “están siendo especialmente afectados por las políticas restrictivas y de recortes, lo que hace que se esté minando el presente y futuro del sector, e incluso la calidad de vida en los pueblos”.
“Algunos agravios que estamos sufriendo últimamente en el medio rural relacionados con la sanidad, educación o infraestructuras son gravísimos, y esto hace que la vida en nuestros pueblos sea cada vez más inviable y nos estén convirtiendo en ciudadanos de tercera categoría”, afirmaron.
Por último, lamentaron que nada esté quedando “al margen de la `tijera´” de los gobiernos central y regional, ya que “ahora las distintas delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León han elaborado unos informes en base a los cuales pueden acabar con un tercio de las actuales unidades veterinarias, aspecto éste en el que van a encontrar en frente a nuestra organización”.